(Con información de proactivo.com.pe)
Peter Dennis Gonzales Zegarra es estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal del Grupo de Estudios de Derecho Minero-Energético-GEDEM, Asociado Estudiante del IIMP e integrante de los voluntariados de Amautas Mineros y de la Organización Mundial de Apoyo a la Educación-OMA. En el portal web proactivo.com.pe ha publicado un artículo de investigación respecto al tema de la minería y el conflicto social, el cual compartimos en dos ediciones.
RESUMEN
Para los países europeos, la minería representa una actividad poco atractiva, pero que en su momento, les permitió crear toda una industria de proveedores de categoría mundial, lugar que hasta hoy ocupan producto de las importaciones. La realidad es distinta en gran parte de Latinoamérica. En el Perú la minería es una actividad milenaria; sin embargo, es también una de las actividades que menos ha sabido encajar en nuestro desarrollo como economía. El presente ensayo consta de tres capítulos, partiendo primero por destacar la evidente importancia de la minería para nuestro país, para luego proceder a explicar de manera general las causas del conflicto socio-ambiental en torno a la misma y sus efectos negativos generados. Finalmente ofreceremos una serie de propuestas que podrían ayudarnos a ver resultados más prometedores en el sector.
- INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRA ECONOMÍA
De los tres posibles fines de la política económica a largo plazo como son el desarrollo económico, la distribución equitativa del producto nacional y una mejor asignación de los recursos nacionales, es difícil instituir con facilidad a solo uno un rol superior en lo complejo de la política económica vigente; sin embargo, concordamos con Mishan (economista) en que el énfasis –y al menos en nuestro contexto nacional- debe situarse casi por completo en una mejor asignación de los recursos existentes [1] pues, como veremos más adelante, las fallas generadas no son en realidad a consecuencia de la actividad minera, sino de la inoperancia del Estado (o deberíamos decir, de los gobiernos de turno) en materia de leyes actualizadas y políticas públicas y su ineficiente capacidad de coordinación entre las comunidades y la empresa.
En las últimas décadas el mundo ha experimentado un crecimiento exorbitante en la demanda y consiguiente producción de minerales. Nuestro país, para convertirse en uno de los principales actores a nivel mundial implementó, principalmente y de forma progresiva, una serie de reformas para atraer y facilitar las inversiones en el sector y, a manera complementaria, añadió a ello, mecanismos para mitigar los impactos naturales producto de esa explotación, mecanismos que; sin embargo, no han solucionado, frenado o evitado la multiplicación de conflictos relacionados a la actividad minera, puesto que el número de procesos de conflictividad social ha ido en franco aumento en los últimos años [2], siendo que hasta abril del 2018 se registraron 196 conflictos sociales, número muy superior a los 78 registrados durante todo el 2007.
Según la última encuesta del Fraser Institute, el Perú ocupa actualmente el primer lugar en la región, compitiendo directamente con Chile, en contar con un marco regulatorio que facilita la inversión en minería [3]. A su vez, y no contradictoriamente, los conflictos medioambientales ocupan de lejos el primer lugar en frecuencia representando un 64.8% de la totalidad de conflictos sociales activos y latentes en el país [4].
Las cifras no mienten y en tal sentido, la importancia del sector minero se puede entender fundamentalmente a partir de la relevancia que tiene en variables macroeconómicas clave [5] que han posibilitado en las últimas décadas un fuerte crecimiento económico a nivel general y de nuestras exportaciones particularmente. No obstante, como veremos más adelante, es justificado un escepticismo en torno al impacto positivo real que tiene sobre la población aledaña y las condiciones de vida en las familias, puesto que la minería hasta el momento no ha sabido mostrar su mejor rostro. Y pese a que se cree que tal influencia positiva en términos, macroeconómica, genera un reflejo espejo a nivel de las familias, habríamos que esclarecer entonces qué entendemos por mejora económica. No pudiendo justificarse que se hable de una situación calificándola de mejora económica con respecto a otra, si no se hace referencia a las premisas en que se basan los juicios de mejora o empeoramiento [6].
- ¿HASTA DÓNDE CONTAMINAR ES BUENO?: EFECTOS DE LA MINERÍA EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
El derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y otras formas de vida, ha cobrado protagonismo y valoración justamente porque su ruina y depredación representa un riesgo y peligro inminente para la subsistencia de la sociedad [7]. Y, uno de aquellos medios de depredación de nuestra naturaleza y formas de vida comunitaria y tradicional aparentemente lo constituye la minería, pero ¿es acaso esa su naturaleza? Cuestión clave que intentaremos responder al finalizar esta sección.
Tal ha sido el resultado negativo que ha traído la actividad minera en determinadas zonas, que muchas comunidades asumen que la presencia de tal actividad significa necesariamente la intrusión de un actor externo que traerá como consecuencia, además de una variedad de agresiones como la privación de recursos y la reubicación de la misma, la absoluta imposibilidad de recuperar el medio sobre el cual se asentaban antes de iniciarse la explotación minera. Todo ello sin considerar el rol fundamental que cumple la tierra y el agua para la cosmovisión andina [8] que por su no comprensión por parte de las autoridades y demás implicados, es fuente de tantos conflictos.
La ineficacia del Estado para dar solución a estos conflictos coincide con el papel que viene desempeñando hasta la fecha, orientado más en resolver los problemas ya generados, esto es, el conflicto en sí, que por prevenirlos o repararlos mediante un programa que solucione las causas o efectos que generan. No de otra manera, estamos creando una peligrosa relación simbólica minería-conflicto y a base de ello estamos construyendo nuestra economía. Y la angustia que nos despierta aquella imagen fatal se calma con la represión de lo que bien podría catalogarse como una “ilusión subversiva”.
Hemos llegado al punto de representar una situación en la que corporaciones y comunidades, dos entes marcadamente desiguales en cuanto a poder e influencia, compiten por los mismos recursos económicos, bajo el cual, mientras uno lucha por obtener mayores ingresos el otro lo hace por defender su -muchas veces- único medio de subsistencia. Ante ello, el Estado peruano ha intentado de alguna manera sobrellevar esta situación mediante la redistribución de los ingresos a través de dispositivos legales como el canon minero y las regalías u otros mecanismos de descentralización de ingresos fiscales. Sin embargo, en cuanto a su aplicación, es incuestionable el alto nivel de ineficiencia que ha alcanzado.
Parece difícil comprender para muchos que el punto de equilibrio se logra cuando se desarrollan eficientemente las actividades económicas extractivas, y que ello implique no solo cuidar el medio ambiente sino además la idiosincrasia de los pueblos, esto es, sin vaciar de contenido otros derechos distintos al económico. En tal sentido el enfoque de su desarrollo y regulación debe ser tridimensional: el progreso económico acompañado de una adecuada protección tanto al ecosistema como a la diversidad cultural ya que partiendo de la Ley General del Ambiente, toda mención hecha al mismo o a sus componentes, comprende tanto a los elementos de origen natural como a aquellos antropogénicos, esto es, los factores económicos, sociales y culturales.
Como vemos, en realidad el problema jamás lo ha sido la minería como actividad lícita que es, sino la falta de oportunidades que tiene la población adyacente y los problemas que esta situación puede generar como el incremento de la pobreza [9], la prostitución [10], la contaminación [11], etc. está más que demostrado el escaso valor agregado generado por las industrias extractivas y la baja intensidad en el empleo de mano de obra; la minería no genera ni encadenamientos ni transferencia tecnológica. Sin embargo, entre los aspectos positivos, podríamos citar su contribución al aumento de las exportaciones y a una mayor recaudación [12] como ya hicimos mención. Siendo en el destino de la recaudación donde podríamos hallar la clave.
Desde la perspectiva en mención, los conflictos mineros no tendrían solución. Razón por la cual probablemente la única manera de superar esta situación sería asumir que los mismos son por naturaleza irremediables, y a partir de ello construir un modelo que permita de alguna manera alcanzar el óptimo, esto es, transformar las causas del conflicto y efectos de la actividad en cuestión. Ello se lograría a través de una serie de políticas públicas acertadas, una eficiente gestión sectorial de las actividades mineras y un trabajo conjunto con la comunidad. Propuestas que serán profundizadas en el siguiente capítulo.
Continuará mañana…
