Desde hace dos décadas, la minería ilegal ha crecido de forma exponencial en el país, al punto de convertirse en una amenaza estructural para la economía, la seguridad nacional y la vida misma de los ciudadanos. Así se advirtió en el conversatorio técnico “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú – 2025”, donde especialistas expusieron cifras contundentes y cuestionaron la respuesta estatal frente a esta problemática.
Uno de los principales expositores fue Martín Arana, responsable de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien presentó un informe basado en 16 estudios sobre el avance de esta actividad ilícita entre 2003 y 2023. Las estimaciones indican que, en ese periodo, la producción ilegal de oro osciló entre 475.83 y 3,620.09 toneladas, generando ingresos por hasta 165,357 millones de dólares.
El análisis identificó el pico de producción en 2018 y el mayor valor comercial en 2023, año en que el oro alcanzó los US$ 3,200 por onza. Sin embargo, mientras el negocio se disparaba, los fondos estatales para combatirlo cayeron 37% desde 2019, pasando de S/ 121 millones a S/ 89 millones para este 2024.
“Es como combatir dragones con matamoscas”, graficó Arana, al cuestionar que el Estado no cuente con un sistema integral de monitoreo, lo que impide tener un diagnóstico real y políticas eficaces. En ese sentido, propuso crear una herramienta similar al sistema de seguimiento de la hoja de coca, que permita comparar volúmenes de producción con los datos de exportación.
Sidney Novoa, director de Tecnologías de ACCA, insistió en la urgencia de involucrar a entidades como la UIF y Sunat en un esquema articulado, mientras que Dante Vera, de V&C Analistas, propuso levantar un censo nacional de mineros ilegales como paso previo a cualquier intervención efectiva.
VIOLENCIA Y CRIMEN SIN CASTIGO
La gravedad del problema quedó en evidencia con el caso Pataz, donde 13 personas fueron asesinadas por mafias vinculadas a la minería ilegal. El fiscal Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Ambientales, advirtió que existen al menos diez zonas en riesgo de repetir esa tragedia, si no se actúa pronto.
Almanza lamentó que las leyes actuales impidan investigar estos casos como crimen organizado, ya que el delito de minería ilegal no supera los cinco años de pena, lo que lo excluye de esa categoría. Además, el transporte y venta del oro extraído tampoco están tipificados como delitos, dejando vacíos que favorecen la impunidad.
Otro obstáculo legal es el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que, en lugar de facilitar la formalización, se ha convertido en un escudo de protección para la informalidad, dificultando que los fiscales actúen penalmente.
“La criminalidad se está desbordando y, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo”, alertó Almanza, quien remarcó que, sin cambios legislativos ni recursos adecuados, la minería ilegal seguirá consolidando su poder en todo el país.
