Tras la inminente contaminación que se viene registrando en el río Coralaque que ha provocado la protesta de las comunidades de Chojata de la provincia General Sánchez Cerro, el Ministerio de Energía y Minas (MINEN) sostuvo una reunión multisectorial con autoridades regionales y locales de Moquegua para tratar la problemática.
Tras escuchar las diversas intervenciones, el MINEM anunció que se adoptarán acciones para avanzar en el cierre de la unidad minera Florencia-Tucari y solucionar el impacto ambiental ocasionado a las aguas del río Coralaque, en la región Moquegua, adoptando para ello una estrategia operativa, legal y judicial.
Encabezó la reunión de trabajo multisectorial el titular del MINEM, Jaime Gálvez, junto a funcionarios de organismos técnicos y las autoridades de Moquegua, quien señaló que el cierre adecuado de esa unidad minera, que pertenece a la empresa Aruntani SAC, y la mejora a la gestión del tratamiento de aguas ácidas, permitirá enfrentar esta problemática.
El Estado peruano realizará acciones concretas a nivel multisectorial: primero, mediante el Instituto Nacional de Defensa Civil, iniciará las gestiones para lograr la declaratoria de emergencia del área de influencia de la unidad minera, por peligro inminente a la vida y salud de las personas.
Asimismo, iniciará los estudios técnico jurídicos para la formulación de una acción de amparo y medidas cautelares contra los que resulten responsables, empezando por la empresa Aruntani SAC como titular de la unidad minera.
Tras la declaratoria del estado de emergencia, se activará una visita técnica de inspección a la zona, con todos los sectores involucrados – MINEM, ministerios del Ambiente, de Salud y de Desarrollo Agrario, Osinergmin, OEFA, entre otros- para elaborar un informe técnico que permitirá realizar las obras señaladas para frenar la contaminación hídrica.
El gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, demandó poner plazos precisos para acelerar el proceso de cierre de la unidad minera. Otras autoridades se pronunciaron a favor de sancionar a la empresa operadora por el daño ambiental ocasionado en la región.
Por su parte, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió a coordinar con el alcalde de la provincia de Sánchez Cerro la formalización de un espacio multisectorial para gestionar estos compromisos.