El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el Estado peruano ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias.

Esto, luego de que Odebrecht Latinvest, una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileira Odebrecht S.A, demandara al Estado peruano

Precisamente, Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$ 1 200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

ACCIONES Y REACCIONES

Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

El MEF detalla que el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.

Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Economía y Finanzas aseveró que el Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales.

«El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$ 50 mil millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente US$110 millones, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho», se lee en el documento.