POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA *
El anuncio oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de que el porcentaje nacional de adolescentes de 15 a 19 años que estuvieron alguna vez embarazadas se redujo del 8,4 % al 7,4 % podría interpretarse, a primera vista, como un avance alentador dentro de las estadísticas sanitarias del país. Sin embargo, para quienes analizamos la salud pública y el derecho desde una perspectiva estructural, los promedios nacionales son espejismos peligrosos. Detrás de este descenso numérico se esconde una profunda brecha territorial, una deuda pendiente del Estado y una alarmante desprotección hacia la niñez más vulnerable. Defensoría del Pueblo
“Reducir las cifras en los papeles no borra la tragedia de una niña obligada a parir bajo el amparo de la desidia estatal”.
EL PERÚ FRENTE AL ESPEJO REGIONAL
A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cada año millones de niñas y jóvenes enfrentan maternidades tempranas que vulneran sus derechos fundamentales. América Latina y el Caribe ha sido identificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como la segunda región del mundo con la tasa de fecundidad adolescente más alta, solo por detrás de África subsahariana. Paho
Reducir drásticamente el embarazo en la adolescencia no es un asunto aislado: cruza transversalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en específico el ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 5 (Igualdad de Género). En este tablero regional, el Perú muestra reducciones estadísticas tibias, pero arrastra taras crónicas que impiden cumplir con el mandato internacional de no dejar a nadie atrás.
“Los compromisos internacionales y constitucionales se miden con recursos y voluntad política, no con discursos vacíos”.
EL ESPEJISMO DEL PROMEDIO
Si bien las zonas urbanas muestran un alivio en los indicadores, ubicándose en 5,4 %, la realidad rural es diametralmente opuesta: la proporción en el ámbito rural se dispara hasta alcanzar el 16,3 %, prácticamente triplicando la incidencia de las ciudades. En la selva alcanza el 14,6 %, manteniéndose las profundas brechas territoriales. UNFPA-Peru
A esto se suma una verdad jurídica y sanitaria lapidaria: los embarazos en niñas de 10 a 14 años están estrechamente asociados a situaciones de violencia sexual y a graves fallas de los sistemas de prevención y protección. El propio UNFPA señala que cada día cinco niñas de ese grupo etario dan a luz en el Perú. UNFPA-Peru
De acuerdo con nuestro ordenamiento legal, el artículo 173 del Código Penal tipifica como violación sexual de menor de edad el acceso carnal o acto análogo con una persona menor de 14 años. Por tanto, estamos ante un ilícito penal donde las fallas del sistema de protección y justicia han provocado que casos de niñas víctimas deban llegar incluso a instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Búsquedas El Peruano
No estamos ante un debate sobre “ejercicio precoz de la sexualidad”, sino ante una cruda violación de los derechos humanos y violencia de género.
“La infancia ultrajada no solo sufre el abuso, sino la condena institucional de un Estado que les niega el derecho a decidir y a la justicia”.
EDUCACIÓN SIN MIEDO VS. TABÚES INSTITUCIONAL
Aquí radica el núcleo del fracaso estatal. Durante años, tanto el Ministerio de Educación (Minedu) como el Ministerio de Salud (Minsa) han actuado como islas, evadiendo una articulación intersectorial real frente a las aulas de primaria y secundaria. A diferencia de lo que ocurría tímidamente en el siglo pasado y de lo que implementan otras naciones donde el eje central es la prevención y la educación temprana basada en evidencia científica, en el Perú se ha despojado a las aulas de esta herramienta bajo prejuicios ideológicos que falazmente equiparan la prevención con la “promoción del inicio sexual”.
Es fundamental que la ciudadanía comprenda qué significan realmente estos conceptos bajo los estándares de los organismos internacionales. De acuerdo con la OMS, la salud sexual supone bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; mientras que la Educación Sexual Integral (ESI) comprende contenidos adecuados a cada edad sobre el cuerpo, las relaciones, el consentimiento, la seguridad, la anatomía, la fisiología, la reproducción y la salud sexual y reproductiva. La evidencia disponible indica, además, que una ESI de calidad no incrementa la actividad sexual ni adelanta su inicio. Organización Mundial de la Salud
Lejos de vulnerar la patria potestad o suplantar a las familias, la ESI actúa como un escudo protector frente a agresores que suelen habitar en el entorno cercano. Por ello, una estrategia imperativa es promover convenios interinstitucionales para que profesionales especialistas, como las obstetras, ingresen a las escuelas a impartir esta formación preventiva.
“Vetar la educación sexual en las escuelas es condenar por complicidad a la niñez frente a sus depredadores”.
En sus balances de gestión, el Ejecutivo ha enarbolado promesas sobre atención prioritaria a la infancia. No obstante, las palabras contrastan dolorosamente con la realidad presupuestal y legislativa. Llama poderosamente la atención la tibieza y abierta hostilidad de los “padres de la patria” frente a políticas públicas basadas en evidencia. Se pregona una reducción por inercia demográfica, careciendo de una estrategia articulada entre salud y educación. ¿Cómo pretenden cumplir los ODS si los servicios públicos y las defensorías colapsan en las regiones con mayores índices de pobreza?
LA TRINCHERA SOCIAL FRENTE AL ABANDONO ESTATAL
Mientras el Estado avanza con extrema lentitud, diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos sostienen una labor vital de vigilancia y acompañamiento a las víctimas, evidenciando ante la opinión pública que la gran mayoría de estos embarazos infantiles jamás fueron intencionales.
La ligera baja estadística que vuelve a ponerse en discusión cada 26 de setiembre, Día de la Prevención del Embarazo Adolescente, no puede limitarse a una fecha simbólica ni eximirnos de una vigilancia constante los 365 días del año. Como sociedad, familias, escuelas y Estado, debemos estar alertas frente a la violencia intrafamiliar y escolar por parte de pares. El llamado urgente es a romper el silencio y denunciar sin temor, evitando que el miedo perpetúe el trauma y la impunidad. El Minsa desarrolla actividades de prevención alrededor del 26 de setiembre desde 2007. Gobierno del Perú
Como profesionales de la salud pública y del derecho, exigimos convenios intersectoriales y participación de obstetras, mediante una coordinación directa entre el Minsa y el Minedu para que obstetras capacitadas impartan talleres formales de prevención, salud sexual y reproductiva en los colegios.
Asimismo, una currícula formal y obligatoria que garantice la Educación Sexual Integral (ESI), fundamentada en definiciones científicas de la OMS y la OPS sobre anatomía, fisiología y autocuidado, blindándola de sesgos conservadores.
También se requieren políticas públicas focalizadas y presupuestos descentralizados, atendiendo prioritariamente a las regiones de extrema vulnerabilidad y ruralidad, como la Amazonía, con consejería médica accesible y capacitación docente continua.
¿Hasta cuándo el Estado y la sociedad civil seguirán celebrando porcentajes tibios o esperando una efeméride en el calendario mientras se condena a la niñez a una maternidad forzada e infancias ultrajadas? La prevención no es una concesión ideológica ni un favor político; es un derecho humano intransable y una urgente cuestión de justicia social.
(*) Dra. en Salud Pública, Dra. en Derecho y Ciencia Política (UNMSM), Mg. en Administración de Servicios de Salud, obstetra y abogada
