POR: MAG. JAIME CARPIO BANDA

La Municipalidad Provincial de Islay (MPI) bajo la administración del alcalde Richard Ale Cruz, presenta un preocupante nivel de ejecución presupuestal al cierre de julio del 2025. Con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 44,195,253, el monto devengado asciende solo a S/ 15,579,097, lo que representa un avance acumulado de 35.3%. Esta cifra está muy por debajo de la meta esperada de 56%, generando una brecha negativa de -20.7 puntos porcentuales.

PROYECTOS CON AVANCE ALTO Y RANGOS CRÍTICOS

En el lado positivo, se identifican 13 proyectos con ejecución sobresaliente (≥50%), muchos de los cuales ya están concluidos o en fase avanzada. Esto demuestra que existe capacidad técnica instalada para manejar contratos de mediano alcance, especialmente cuando se garantiza una gestión eficiente.

Sin embargo, 8 proyectos presentan avances bajos, con ejecuciones que oscilan entre el 10% y el 49%. Entre ellos destacan:

• Parque acuático: 10.4%
• Equipos para seguridad ciudadana: 17.7%
• Proyectos de reinversión y movilidad urbana: entre 4.9% y 9.3%

Estos niveles de ejecución reflejan problemas en los procesos de licitación, entrega de terrenos, aprobación de expedientes o limitaciones en áreas específicas de gestión operativa.

21 PROYECTOS CON EJECUCIÓN NULA

El dato más preocupante es que 21 proyectos, equivalentes al 52.5% del total, no registran ningún avance (0%), lo que implica más de S/ 12 millones completamente paralizados.

Estas obras sin ejecución incluyen iniciativas relevantes como:

• Mejoramiento de sistemas de riego
• Agua potable y saneamiento
• Movilidad urbana en distritos
• Infraestructura turística, escolar y recreativa
• Equipamiento y estacionamientos turísticos

Esta inmovilidad administrativa representa el principal obstáculo del bajo desempeño institucional y compromete la calidad del gasto público, así como la confianza ciudadana en la gestión municipal.

Con una ejecución acumulada de 35.3% frente a una meta de 56%, la Municipalidad Provincial de Islay enfrenta un escenario de alto riesgo de subejecución, que podría implicar la reversión al Gobierno Central de fondos no utilizados al cierre del año fiscal.