POR. MAG. JAIME CARPIO BANDA
Según Amnistía Internacional, al cierre del año 2022 más de 7,1 millones de personas habían abandonado Venezuela. Las mujeres refugiadas venezolanas encontraban mayores dificultades para acceder a la protección internacional en los países de acogida, como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Esa falta de protección las exponía a un elevado riesgo de sufrir múltiples formas de violencia de género, incluidas la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
¿Dónde está el derecho a la alimentación? Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el costo de la canasta básica mensual de alimentos en noviembre equivalía a unos 386 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual, fijado en marzo, era de tan solo 13 dólares, de manera que la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria. En diciembre, la situación se agravó aún más a consecuencia de una devaluación drástica de la moneda nacional.
El Banco Mundial señaló que, en agosto, Venezuela presentaba la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo.
Acción Solidaria, organización local que proporcionaba ayuda humanitaria, denunció que el 33% de las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas no recibían tratamiento.
Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas venezolanas habían huido del país.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el 2022 se celebraron 7032 protestas, y en el 77% reclamaron derechos económicos y sociales.
Hasta agosto, la organización local Espacio Público había documentado 228 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones —con la participación activa de agentes de policía y militares— había cerrado 78 emisoras de radio hasta diciembre.
Según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían efectuado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país. Las personas responsables de esos actos quedaron impunes.
