POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR

Martín Vizcarra no se cansa de probar suerte en los tribunales para librarse de sus delitos. Y tampoco se cansa de perder. En su última jugada, intentó que el Poder Judicial declare prescrita la acusación por colusión simple, la segunda acusación formal que pesa sobre él por las coimas “que recibió” del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El argumento era tan previsible como descarado: “el delito ya prescribió, archívenlo y aquí no pasó nada”.

Pero el juez Víctor Alcocer, esta vez, no compró el libreto.

EL TRUCO VIEJO DE LA PRESCRIPCIÓN

En la audiencia, la defensa del expresidente expuso un recurso para archivar la acusación, sosteniendo que los hechos imputados datan del año 2013 y que, al haber transcurrido más de seis años, el delito debía considerarse prescrito.

Lo que olvidaron, o intentaron hacer olvidar, es que la legislación peruana duplica los plazos de prescripción cuando se trata de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Una regla clara, ratificada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuyo objetivo es evitar que las redes de corrupción se valgan del tiempo para garantizar la impunidad.

El juez Alcocer fue contundente en su resolución: “Los plazos de prescripción en delitos como la colusión simple se duplican para impedir que graves delitos de corrupción que afectan al patrimonio estatal y la estabilidad de las instituciones queden sin sanción”.

En resumen, el delito no solo no ha prescrito, sino que la acción penal sigue vigente y el proceso contra Vizcarra sigue su marcha.

¿POR QUÉ VIZCARRA APUESTA A LA PRESCRIPCIÓN?

Porque sabe que el juicio oral que ya enfrenta por cohecho pasivo propio no va bien para él.

Porque sabe que la defensa desesperada de presentar testigos enfermos, peritos ausentes y recusaciones frívolas no le está funcionando. Y porque sabe —sobre todo— que la amenaza de una condena efectiva lo persigue cada día más cerca.

La estrategia de su defensa es clara y repetida: dilatar todo lo que se pueda. Bombardear al Poder Judicial con recursos, apelaciones, nulidades y pedidos de prescripción. Hacer política desde los tribunales, mientras afuera se vende como víctima de una supuesta persecución política.

LA DOBLE CARA DEL EXPRESIDENTE

Vizcarra recorre Moquegua y las regiones como si fuera un político ejemplar. Pero en los tribunales actúa como un avezado operador judicial.

Por un lado, busca mantener la narrativa de perseguido por un sistema al que, según él, molestó porque luchó contra la corrupción.

Por otro lado, pone a su defensa a ensayar todos los recursos legales posibles para evitar llegar al día que más teme: el de la sentencia firme.

La verdad es que Vizcarra no teme al juicio, sino a la cárcel. Y por eso apuesta a dilatar los procesos y, como siempre hemos denunciado, a tener listo un plan B: acogerse al discurso del perseguido político y buscar asilo.

EL PODER JUDICIAL ENTRE LA PRESIÓN Y LA COMPLACENCIA

Si bien esta última decisión del juez Alcocer es correcta y ajustada a ley, no deja de llamar la atención el lento avance de los juicios.

El juicio oral por cohecho avanza a ritmo de tortuga embarazada, una sola audiencia semanal. Cuando el fiscal pidió dos audiencias por semana, el tribunal se negó, argumentando que su agenda no lo permitía.

El mensaje es claro: el sistema judicial está tan sobrecargado o tan permisivo, que hasta un expresidente acusado de corrupción puede beneficiarse del calendario.

¿BLINDAJE JUDICIAL O SIMPLEMENTE NEGLIGENCIA?

El Poder Judicial siempre ha sido el último refugio de los poderosos. ¿Está Vizcarra buscando convertirse en un nuevo ejemplo de cómo la justicia peruana se cansa, se desgasta o se rinde ante las maniobras de los procesados?

La decisión del juez Alcocer marca un precedente, pero la pregunta sigue abierta: ¿tendrá el Poder Judicial el coraje de imponerle una sentencia ejemplar al hombre que prometió honestidad y terminó atrapado por las coimas y la corrupción?

Mientras tanto, Vizcarra sigue jugando su partido más importante. Y todavía no sabemos si la justicia peruana jugará de árbitro o de cómplice.