POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Este viernes, el diario La República afirmó que, de acuerdo a la data del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), en este año se produjeron 5,070 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra alcanzó 4,331. Al día siguiente, Radio Programas del Perú informó que, a la fecha, cerca de mil bodegas cerraron debido a la ola de extorsiones de la que son objeto.
Ya para inicios del pasado mes de marzo, Avelino Guillén, en entrevista concedida al citado diario, declaró que “al Ejecutivo no le interesa luchar contra el crimen organizado”. Dos meses después, Gino Costa aseveró en IDL Radio que “el gobierno no tiene nada que ofrecer en materia de seguridad”; mientras que Carlos Basombrío afirmó en junio para Perú21 que “ahora no hay pronta solución a la inseguridad”. ¿Qué tienen en común estos medios de comunicación y dichos personajes? Tendencia caviar, y la inquina a Dina Boluarte. Además, ¿qué tienen en similitud los mencionados protagonistas? Los tres han sido ministros del Interior.
Costa Santolalla mantuvo una relación tirante con el comandante general PNP José Tisoc, y ante los constantes desencuentros, este último presentó su renuncia, que no fue aceptada por Raúl Diez Canseco, vicepresidente al mando por viaje de Alejandro Toledo. Por su parte, Basombrío Iglesias fue viceministro y titular de este portafolio con Toledo y PPK. Mientras que a Guillén Jáuregui lo vimos extasiado al escuchar a Pedro Castillo enfatizar en la construcción de 17 comisarías en 10 regiones para combatir la inseguridad ciudadana.
Por ello, insistimos en la interrogante: ¿qué políticas en materia de seguridad ciudadana implementaron a su paso por el sector Interior? La respuesta, única e inequívoca: NINGUNA. En adición, todos ellos “trabajaron” bajo el manto protector de la prensa áulica al inquilino de Palacio de Gobierno.
Esto último es lo que marca la diferencia con Boluarte Zegarra. Ni un minuto de respiro desde que juró como mandataria. Denuncias por doquier ante el Parlamento, varias de ellas desechadas de plano por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y, como resultaba evidente no poder llegar a vacarla, cargaron contra los ministros.
De Martini primero, y le siguió Juan José Santiváñez, quien literalmente fue el que más “sacó roncha” en los matutinos y dominicales de televisión. Grandilocuentes titulares en contra de lo que no hizo, o que hizo demás, o que lo hecho está mal. La Fiscalía prestándose al perverso entramado, allanando su inmueble hasta en dos oportunidades (en una de ellas delante de su cónyuge y menores hijos a las 5:00 a.m.) por abuso de autoridad —el denunciante: el “capitán Culebra”, favorito de la progresía, ahora que ya no está en actividad el sobrevalorado Harvey Colchado, enemigo de la Policía Nacional—, hasta lograr que sea impedido de salir del país por el presunto tráfico de influencias —el denunciante: un anónimo que dijo que alguien vio, que le pasó la voz, que escuchó que Juan José entregó dinero para magistrados del Tribunal Constitucional para que sea liberado su patrocinado—.
Presión mediática: varios legisladores cedieron ante ella, y fue defenestrado en marzo pasado. Hasta que, a los pocos días, la jefa de Estado lo designó en la Oficina de Monitoreo Gubernamental.
Es cierto que la inseguridad ciudadana no es solo una acrecentada percepción en la población, pues del 2020, en que la tasa de homicidios fue 1,016 (a pesar de encontrarnos encerrados por la infeliz decisión del mitómano Martín Vizcarra), se incrementó a 2,065 en el 2024. Sin embargo, a pesar de los actuales yerros, aunado a los permanentes esfuerzos para contrarrestar este flagelo, queda evidenciado que “los otros”, teniendo en sus manos la solución a este problema cuando era incipiente, no hicieron siquiera el mínimo esfuerzo.
Hoy, cual gurús, critican desvergonzadamente, apelando al “Dina, yo que tú”.
