POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
La designación del Ing. Javier Dolores Romero Luna como nuevo gerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande ha traído una serie de cuestionamientos, principalmente por su cercanía con el procesado Martín Vizcarra Cornejo.
Romero Luna ha confirmado una amistad y una afiliación al partido político que intenta inscribir el “lagarto” Vizcarra. Es más, según consulta del Registro de Organizaciones Políticas – ROP del Jurado Nacional de Elecciones, Javier Dolores Romero Luna desde el pasado mes de julio del 2022 figura como afiliado en el Partido Político Perú Primero que se encuentra en proceso de inscripción. Habiendo sido presentado como miembro del Comité Departamental de Moquegua de dicho partido político.
Pero, ¿Cuál es el interés de Martin Vizcarra en tener a un “amigo” y un “dirigente de su partido” en el máximo cargo del Proyecto Pasto Grande?
El pasado mes de diciembre el Equipo Lava Jato de la Fiscalía solicitó al Poder Judicial 15 años de pena privativa de la libertad contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo en dos obras que se dieron cuando fue gobernador de Moquegua.
El fiscal German Juárez Atoche ha denunciado dos hechos: el Proyecto Lomas de Ilo y, la Ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua.
En cuanto al proyecto Lomas de Ilo, el asunto se llevó a cabo mediante proceso de licitación pública internacional convocado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por encargo del Gobierno Regional de Moquegua. Se presentaron como postores dos consorcios: Consorcio Obrainsa-Astaldi (con un monto ofertado por 86 millones de soles aproximadamente) y el Consorcio San Invercom (con un monto ofertado por 249 millones de soles aproximadamente).
Según lo manifestado por el colaborador eficaz N° 10 – 2018, entre el 4 y 5 de noviembre de 2013, Elard Tejeda, gerente de la empresa Obrainsa, se habría reunido con Martín Vizcarra, quien le habría indicado que la convocatoria se había hecho sin indicar el valor referencial y que para ese proyecto el Gobierno Regional de Moquegua tenía un presupuesto de 90 millones de soles por lo que, para adjudicar el contrato era indispensable que el consorcio presentara una nueva propuesta que no excediera de 81 millones de soles lo cual se mencionó en razón a que el consorcio Obrainsa-Astaldi había presentado una propuesta por 86 millones 454 mil 818 soles.
Así, en la misma línea del párrafo anterior, a cambio de tal información privilegiada, Martín Vizcarra habría requerido a Tejeda un pago del 2% del costo directo de la obra (monto que asciende a Un millón 16 mil 212 soles con 76 céntimos).
Vizcarra habría justificado ese pedido aduciendo que tenía conocimiento de que en las obras que licitaba Provias Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2% del costo directo de la obra a los funcionarios públicos. Posteriormente, el 7 de noviembre del 2013, el consorcio Obrainsa-Astaldi presentó una nueva propuesta a UNOPS por 80 millones 981 mil 137 soles con 34 céntimos.
Además, el colaborador indicó que, en enero de 2014, Tejeda se habría reunido con Martín Vizcarra y le habría entregado 400 mil soles en efectivo en un sobre manila. La segunda entrega se habría hecho en abril del mismo año: el 4 de abril de 2014, la empresa Obrainsa habría emitido un cheque por 600 mil soles girado a nombre del conserje Puerta Gutiérrez, quien le habría entregado dicha suma a Elard Tejeda para que este hiciera, entre el 4 y el 7 de abril, la segunda entrega a Martín Vizcarra.
Por último, el colaborador señaló que, el 2 de diciembre de 2013, Martín Vizcarra habría llamado Elard Tejeda para pedirle que le alquilara una avioneta porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que las trasladaran a Tacna o Ilo en el día para reunirse con él y también señaló que el costo de ese servicio debía ser “a cuenta de lo pactado”, refiriéndose al pago ilícito acordado en la adjudicación. Por medio de su secretaria, Ana Ellen, Tejeda habría solicitado a la empresa ATSA cotizaciones del alquiler de una avioneta, el cual tenía un costo de 35 mil 985 soles. El servicio fue facturado a nombre de la empresa Obrainsa.
De lo manifestado podríamos concluir que, uno de los motivos de la designación del dirigente del Partido Político Perú Primero, Javier Romero Luna, como gerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es “cuidar las espaldas” de Martin Vizcarra, más aún, si está próximo a iniciarse el juicio oral donde la información que maneja el Proyecto será clave para decidir la libertad del popular “lagarto”.