POR DR. PHD JAVIER FLORES AROCUTIPA
INFORME JUDICIAL DE JUNIO 2025
En el informe de junio de 2025 del Poder Judicial acerca de la criminalidad en el Perú, se registra el número de personas sentenciadas por delitos contra la administración pública.
La tabla muestra la evolución del número de sentencias condenatorias dictadas por el Poder Judicial del Perú por delitos contra la administración pública, comprendidos entre los artículos 361 al 426 del Código Penal, los cuales abarcan los tipos como el cohecho pasivo y activo (arts. 393–398), colusión simple y agravada (arts. 384–385), peculado y malversación de fondos (arts. 387–392), tráfico de influencias, negociación incompatible, concusión, entre otros.
Estas conductas de algunos funcionarios representan las formas de corrupción funcional, es decir, infracciones cometidas por “servidores” públicos que atentan contra el correcto funcionamiento del Estado y la confianza ciudadana en la gestión pública.
INCREMENTO SOSTENIDO DE SENTENCIAS (2021–2023)
Entre 2021 y 2023, el número de personas condenadas aumenta en más del 60%, pasando de 1,602 a 2,610 casos. El descenso de 2,610 (2023) a 2,464 (2024), una caída del 5.6%, no obstante, el volumen sigue siendo alto, lo que indica una continuidad significativa de la actividad persecutoria penal en materia de corrupción.
Para el segundo trimestre de 2025 ya se registran 2,819 personas condenadas, el valor más alto del periodo. Proyectando el año completo, la cifra podría superar los 5,000 sentenciados, lo que refleja un reforzamiento de la lucha anticorrupción, con mayor efectividad judicial.
Como se sabe, los delitos comprendidos (artículos 361–426 del Código Penal), que son los delitos contra la administración pública, tienen una naturaleza de infracción de deber, lo que significa que solo pueden ser cometidos por funcionarios o servidores públicos que violan la confianza depositada en ellos.
CONDENAS, PERO SIN DISUASIÓN
Entre 2021 y 2025, las condenas por delitos contra la administración pública aumentan en más del 75%, lo que demuestra tanto la intensificación de la persecución penal como la persistencia de prácticas corruptas.
A pesar del aumento de condenas, la incidencia delictiva no disminuye, lo que demuestra que el sistema penal sanciona, pero no disuade, dada la debilidad en los controles administrativos y la impunidad percibida.
