POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El primer artículo de la autógrafa enviada al Ejecutivo para su promulgación, aún puede ser observada, establece expresamente: “Se crean veinte universidades nacionales con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía académica, administrativa, económica y financiera; dedicadas a la investigación científica y tecnológica, formación profesional y difusión cultural”, lo que desde una lectura superficial podría inducir a considerar que se ha recogido sensibilidad, inmediatez y racionalidad en la decisión.
Son veinte nuevas universidades en quince regiones que ya las tienen, y en particular estarán en provincias que no son capital de departamento; un hecho muy singular es Puno, en que se establece la creación de cuatro universidades: la Universidad Nacional Amazónica de Sandia, la Universidad Nacional Chiriguana de Huancané, la Universidad Nacional de Ayaviri y la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro.
Como bien nos lo recuerda el Consejo Nacional de Educación, organismo consultivo del Ministerio de Educación, en el contexto de la discusión parlamentaria de la nueva Ley Universitaria 30220, que despertó una necesaria y singular atención ciudadana, teníamos 144 universidades, entre públicas y privadas, carentes de supervisión, una ANR sin competencias específicas y un manifiesto descuido sobre la calidad formativa. Con la nueva ley y la SUNEDU, solo superaron el licenciamiento 98, de las cuales la mitad eran públicas y la mitad privadas; es decir, salieron del sistema universitario 46 universidades. Ingresando a un trascendente proceso en que se exigen condiciones básicas de calidad en la enseñanza universitaria, asumiendo el Estado su verdadero rol y que las justas expectativas de nuestra juventud tengan respuesta en una solvente formación. Vano esfuerzo, hace un lustro se empieza a desdibujar esta política pública, cuya mejor muestra es esta avalancha de universidades.
En la sustentación del dictamen ante el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Educación expresaba: “Muchos jóvenes han demandado del Estado que haya una educación superior pública en su pueblo, donde no tienen acceso y tienen que alejarse de su familia, pero abandonan su carrera universitaria por falta de recursos y por la distancia. No podemos permitir que los pueblos oriundos continúen sin estudiar”, y si nos quedamos aquí, asumiríamos que es un justo reclamo, pues los jóvenes sin distingo alguno merecen una oportunidad en su formación superior; debemos superar las brechas socioeconómicas y educativas desde la responsabilidad de un Estado que debe dar un trato igual a sus ciudadanos. Sin embargo, este sutil argumento no puede soslayar un reto mayor: las respuestas deben ser prudentes, ponderadas, que garanticen eficacia y perdurabilidad de las decisiones.
¿Tenemos cerca de 200 provincias en el país? ¿Significa que aún estamos en déficit? ¿Teniendo más universidades nos garantizamos más y mejores profesionales? ¿En este crecimiento económico sostenido, en una economía de exportación especialmente de materias primas, las demandas del mercado son más profesionales o técnicos? Partamos por esto último: las estadísticas y la realidad de la demanda laboral nos dicen que el requerimiento es de más cuadros técnicos, y tenemos bastante descuidados nuestros institutos técnicos superiores, que incluso no tienen la capacidad de inducir a los jóvenes como oferta concreta para un mercado laboral que lo reclama. Más que universidades, perfectamente pueden impulsarse las filiales, que se adecuen a las demandas locales y que garanticen una idónea formación universitaria.
Es innegable que hay un grueso de profesionales que no ejercen, o bien porque el espacio laboral está saturado o porque sus propias limitaciones formativas no les permiten encuadrar en las exigencias especializadas del mundo laboral; lo que evidencia que hemos incidido irresponsablemente en su formación, que es la mejor manifestación de universidades escasamente comprometidas con la integridad formativa, convirtiéndose en meras productoras de titulaciones con escasa proyección laboral.
Una nueva universidad reclama presupuesto público, justamente aquel que se les niega a las universidades actuales y en las que un importante número tienen pendientes por subsanar observaciones para el logro de sus condiciones básicas, y que dependen de mayor presupuesto. Si bien la autógrafa precisa las carreras profesionales que se darán en cada una de estas nuevas universidades, se requiere de estudios técnicos específicos —el dictamen no tiene opiniones favorables de los organismos rectores—; a ello debemos considerar que, para su puesta en funcionamiento, deberá contar con su respectivo licenciamiento, y este exigirá las consideraciones básicas, empezando por la infraestructura, plana docente —maestrías y doctorados—, lo que implicará un largo tiempo.
Con cuánto beneplácito recibiríamos este tipo de propuestas, pero no podemos caer en el facilismo del aplauso, cuando entendemos que poco ayudan en la necesidad de la mejora de nuestro sistema universitario y, más bien, profundizarán la brecha de desconfianza ciudadana, porque se generan expectativas imprudentes más alimentadas por oportunismos electoreros, ahora que se les facilita a los congresistas su reelección. Una vez más, se manosea la inteligencia ciudadana.
