POR: JULIO FAILOC RIVAS
En el artículo anterior sosteníamos que la “licencia social” no se obtenía en los espacios de participación ciudadana organizados por SENACE, donde las empresas mineras presentaban sus Estudios de Impactos Ambientales-EIA, para recoger las preocupaciones sociales y ambientales de la población a modo de observaciones y que -en un plazo determinado- están en la obligación imperativa de absolverlas a satisfacción de la persona, organización e institución que alcanzó la observación.
Decíamos que la “licencia social” por el contrario es la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social. Decimos que es continua porque en cualquier momento se puede perder y que no es extensivo ni otorgado a la empresa minera, sino a un proyecto específico. Es decir, una empresa minera puede tener licencia social para un proyecto y para otros no.
Un ejemplo de perdida de “licencia social” es el proyecto de Anglo American Quellaveco que en un momento la tuvo y la perdió por una percepción de incumplimiento de sus compromisos relacionados con el empleo y compras locales.
Los elementos claves de la “licencia social” son legitimidad, credibilidad y confianza. No son concurrentes y por lo general son secuenciales. La legitimidad te lleva a la aceptación de un proyecto y permite generar credibilidad. De la misma forma, la credibilidad te lleva a la aprobación de un proyecto porque te genera confianza, y es allí donde la comunidad otorga la “licencia social”. Ahora bien, obtener y mantener la “licencia social” es un proceso complejo que exige compromiso y voluntad política.
La experiencia del Proyecto Pucamarca de Minsur en el distrito de Palca en Tacna, que desarrollaremos en un próximo artículo nos ha dejado varias lecciones. Obtener la “licencia social” exige comprender la organización de las comunidades, sus preocupaciones sociales y ambientales, los conflictos intercomunales y sus cosmovisiones. La transparencia y la socialización de la información relacionadas con el proyecto minero, son condiciones necesarias, pero no suficiente. Se requieren construir mecanismos de vigilancia y control ambiental con participación ciudadana, la rendición de cuentas permanentes de los avances del proyecto y un trato horizontal con las autoridades políticas y representantes de las organizaciones sociales. Requiera también involucrarse en los procesos de desarrollo local y orientar la inversión social de la empresa en función a las necesidades más sentidas de la población.
¿La licencia social se puede medir? Efectivamente, se puede medir, definiendo un cuerpo de indicadores en torno al nivel de aceptación de la “licencia social” que existe en la comunidad, que puede ser de rechazo, aceptación, aprobación y de co-propiedad.
Sin embargo, según “SociaLicence”: “la calidad de una “licencia social” es dinámica y responde a los cambios en la percepción de la compañía y del proyecto, y que también es susceptible a influencias externas; por lo tanto, debe ser mantenida. Para tener confianza en el status de la “licencia social”, la misma debe ser medida periódicamente y los resultados relevantes deben ser utilizados para modificar las prácticas con la intención de mejorar la calidad de las relaciones entre el proyecto y la comunidad/ grupos de interés.
