POR: JULIO CÉSAR FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
LA INACCIÓN QUE FAVORECE A LOS INVESTIGADOS
Desde hace más de dos años, la carpeta fiscal N.° 293-2023, conocida como el Caso Corrupción 4×4, permanece prácticamente congelada, situación que ha generado cuestionamientos por un presunto blindaje a los principales imputados del delito de colusión agravada y otros.
El fiscal y actual Coordinador de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Moquegua, Víctor Arturo Muñoz Leiva, ha sido señalado por su falta de impulso procesal, lo que —según críticos— habría beneficiado a la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, a su entorno familiar y a empresas vinculadas en contrataciones cuestionadas.
La evidencia presentada por testigos y la Unidad de Investigación [UDI] de Prensa Regional, lejos de generar una reacción firme, ha quedado entrampada en un mar de dilaciones y omisiones que alimentan la percepción de blindaje institucional.
EL SILENCIO FRENTE A LAS PRUEBAS
El 29 de agosto de 2025, como jefe de la UDI de Prensa Regional, acudí citado como testigo por la Fiscalía de Muñoz Leiva.
Ese día manifesté que contaba con audios y videos que evidenciarían intentos de silenciamiento a testigos en el caso 4×4, pero señalé que no confiaba en el fiscal para entregárselos.
En un acto de responsabilidad, las pruebas fueron puestas a disposición del Procurador Público Anticorrupción, y no del despacho de Muñoz Leiva, precisamente por la falta de garantías de imparcialidad.
UNA RELACIÓN QUE COMPROMETERÍA LA IMPARCIALIDAD
Existen nuevas evidencias que indicarían que el fiscal Muñoz Leiva mantiene una relación convivencial con la abogada Vanessa Salas Flores.
No se trata de simples rumores, sino de elementos que fuentes señalan como verificables:
- Fotografías compartidas en círculos privados de redes sociales los muestran en actitudes de pareja.
- Registros migratorios oficiales darían cuenta de viajes juntos a Chile, Bolivia y República Dominicana desde el año 2023.
- Testimonios reservados afirman que conviven desde el año 2023.
Sin embargo, Muñoz Leiva no habría declarado esta relación en su Declaración Jurada de Intereses, lo que, de confirmarse, podría significar un incumplimiento de la Ley de Carrera Fiscal, el Código de Ética de la Función Pública y las disposiciones de la Fiscalía de la Nación sobre conflictos de interés.
VÍNCULO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
La situación se complica porque, entre enero de 2024 y hasta el 8 de septiembre de 2025 —la abogada Vanessa Salas Flores trabajó en el área de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, sospechosamente el viernes 05 de septiembre Prensa Regional reiteró la solicitud de información sobre su contratación, etc y el lunes 08 de septiembre fue su último día de labores.
Durante ese mismo periodo, Muñoz Leiva tenía a su cargo carpetas fiscales por corrupción contra funcionarios de esa municipalidad y de confianza del propio alcalde provincial.
Para juristas consultados, un fiscal que investiga a una institución donde su conviviente labora como abogada debió apartarse de inmediato. Al no hacerlo, se configuraría un conflicto de interés que afecta la transparencia de sus actuaciones.
TRAYECTORIA CONJUNTA Y PRESUNTAS FILTRACIONES
Cabe señalar que la abogada Vanessa Salas Flores laboró anteriormente en la misma Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Moquegua junto al propio Muñoz Leiva, antes de su ingreso a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
Esto refuerza su condición de persona cercana y de extrema confianza, no solo en lo personal, sino también en lo profesional.
De acuerdo a una fuente confiable de la UDI de Prensa Regional, que brindó información sobre la relación de convivencia, los viajes y la trayectoria laboral de la abogada, también existirían indicios de que Salas mantendría comunicación con funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua de la entera confianza de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala. Incluso se mencionó la posibilidad de comunicación directa con la propia autoridad regional.
Si bien esta presunta filtración de información reservada no ha sido corroborada con pruebas materiales, se trata de un indicio grave que solo podría confirmarse o descartarse con el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Procurador Público Anticorrupción mediante un escrito formal presentado el mismo 29 de agosto de 2025, solicitando garantías de imparcialidad y protección para los testigos.
OCULTAMIENTO Y BLINDAJE
La omisión de declarar una convivencia no sería un simple descuido administrativo, sino una conducta que afecta la confianza pública en el Ministerio Público.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse:
- ¿Cómo confiar en un fiscal que presuntamente oculta información esencial a su propia institución?
- ¿Cómo garantizar imparcialidad si investiga a los funcionarios de la misma municipalidad donde trabajaba su pareja?
- ¿Cómo entregar pruebas sensibles de corrupción a un funcionario señalado por inacción y falta de transparencia?
Estas interrogantes reflejan una indignación ciudadana legítima, porque no puede combatirse la corrupción con fiscales que operan bajo sospecha de opacidad.
TRANSPARENCIA O ENCUBRIMIENTO
El caso Muñoz Leiva ya no es solo una cuestión de lentitud procesal, sino un problema de ética y credibilidad dentro de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua.
Su actuación ha dejado en evidencia un patrón señalado por fuentes críticas:
- Inacción en casos sensibles como el de la gobernadora Gilia Gutiérrez.
- Blindaje institucional que impide avances.
- Ocultamiento de conflictos de interés que debieron ser declarados.
- Sospechas de filtración de información que requieren investigación seria y acceso a registros de llamadas, además de otras diligencias.
La sociedad moqueguana exige respuestas claras y una intervención inmediata de las instancias superiores del Ministerio Público.
La Prensa Regional reafirma su compromiso con la verdad y la transparencia: denunciar no es un acto de confrontación, sino un deber frente a la ciudadanía que merece justicia y un Ministerio Público libre de intereses ocultos.
