POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
Después que el expresidente Martín Vizcarra, así como las ministras Pilar Mazzetti, Elizabeth Astete y otros funcionarios públicos, aprovecharon de su cargo para hacerse colocar la vacuna contra el coronavirus, se les ha acusado constitucionalmente en el Congreso por infracción a la Constitución y por haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.
Las acusaciones constitucionales, se presentan en el Congreso, cuando un alto funcionario público como el presidente de la República, congresista, ministros etc., en el ejercicio de sus funciones haya cometido una infracción a la Constitución o hayan cometido delitos, como en el caso de las vacunas.
Aquí se configura el aprovechamiento indebido del cargo, peculado, tráfico de influencias, etc. tal como lo especifica el articulo 99 y 100 de la Constitución Política. Aquí son sometidos a un juicio político en el Congreso que tiene la facultad de decidir si suspende, destituye o inhabilita hasta 10 años al funcionario público.
Lo que corresponde al Congreso, es que proceda a acusar constitucionalmente por infracción a la Constitución al expresidente y las exministras, quienes han reconocido que se han vacunado. Vizcarra ha expresado haberse inoculado, pero como un voluntario, cuando la Universidad Cayetano Heredia lo ha desmentido comunicando que no aparece en la lista de voluntarios, qué mejor prueba para que proceda la acusación constitucional por infracción a la Constitución en el cual tiene un carácter más político que la acusación por la comisión de delitos que tiene que resolver la Fiscalía de la Nación.
Vizcarra Cornejo y las ministras pueden ser inhabilitados hasta por 10 años para ejercer la función pública, para ello el Congreso necesita 87 votos logrados en el pleno. Si el actual candidato al parlamento Martín Vizcarra resulta inhabilitado antes del 11 de abril simplemente ya no puede ser candidato y si la inhabilitación sale después de las elecciones, en caso de ser elegido congresista, no podría asumir el cargo debido a su sanción que le impondría el propio Congreso.