POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La vacancia presidencial, una vez más, se mostró como instrumentalización política, entiéndase oportunismo. Aquella disposición constitucional, a aplicarse de manera excepcional, como última ratio y apegada al principio de razonabilidad, quedó reducida una vez más al número de votos que, si bien es una exigencia formal, y estando de por medio la estabilidad institucional y la gobernabilidad, requiere de una motivación reforzada.
Lo que no quiere decir que estemos en desacuerdo con la salida de Dina Boluarte —estamos convencidos de que la primera decisión de su gobierno debió ser el adelanto de elecciones—; muy por el contrario, la soberbia y dependencia en la que estaba sumida decantaba sus días al capricho decisorio del Parlamento.
¿Qué pasó esta última semana? La movilización de jóvenes, el ascendente reclamo de los transportistas, la repulsa masiva a Phillip Butters, los disparos contra un grupo musical en plena actuación, ¿fueron las detonantes para su caída? Creemos que no, porque acontecimientos similares o más graves ya ocurrieron y siempre el Gobierno contó con el contubernio del Parlamento. Tan seguro de sí y sin colocar en perspectiva su cese, muy presto acudió el Gabinete encabezado por el premier Eduardo Arana al Congreso, donde quedó evidenciada puntualmente su soledad y el abandono de sus ocasionales aliados.
Agregado a ello, el patético mensaje presidencial de medianoche evidenció la carencia absoluta del sentido de realidad como distintivo de gobierno; el propio canal del Estado, TV Perú, optó por cortar la transmisión, prefiriendo girar sus cámaras a la designación de su reemplazo en el Congreso.
Cuatro mociones de vacancia —todos querían protagonismo— recogieron 122 votos. Es innegable que, en esa “ponderada” decisión, lo que realmente primó fue el oportunismo político. Próximos a elecciones generales, pretendiendo desmarcarse de una gestión nefasta que la opinión pública recoge como cogobierno, hicieron uno de sus últimos esfuerzos por reivindicarse con su decisión, acentuando aquella premisa de que en política no hay amistades sino intereses.
Lo que no puede hacernos pasar por alto es que tanto el Gobierno como el Parlamento gozan de una bajísima aceptación ciudadana; que este último tenía sometido al Gobierno bajo un arma política que, ante desavenencias, podían manifestarse. Esta vez la oportunidad los notificó y no la desaprovecharon, lo que de ninguna manera hace mejor al Parlamento.
La crisis de inseguridad que vive el país —y que es uno de los argumentos de las movilizaciones de estos días— es consecuencia del Congreso, como instancia que aprobó todo un paquete normativo que flexibiliza su persecución y sanción. Entonces, el Parlamento es también parte del problema y es precisamente este órgano constitucional, sin capacidad para hacer un mea culpa, quien entrega la Presidencia de la República a uno de los suyos: José Jerí, quien llegó como accesitario, con un reducido perfil político pero acompañado de graves denuncias que lo colocan en un escenario de imprevisibilidad.
Un rostro nuevo bajo un contexto político en que no cambia nada, pues seguirá el Congreso monitoreando sus pasos y acechando sus decisiones; caso contrario, sobrevendrá una moción de censura congresal. Está pasando casi desapercibido el hecho de que Fernando Rospigliosi, en su condición de vicepresidente del Congreso, asuma la conducción de esta entidad en un momento electoral donde se tomarán gravitantes decisiones políticas y normativas. Él es un disciplinado y emergente miembro de la bancada Fuerza Popular.
Por consiguiente, nos queda esta dura lección: presiden el país y el Congreso dos personajes que no fueron elegidos directa y democráticamente para esa responsabilidad. Hablemos de encargaturas postizas.
En este último cuarto de siglo, ¡qué historia la nuestra! Tuvimos dos transiciones: en una se le entregó la responsabilidad a Valentín Paniagua y en la más reciente a Francisco Sagasti. En ambos casos, el Congreso, en un afán de reforzar institucionalidad y darle solvencia política a su decisión, asumió con suma cautela su rol —no ausente de entredichos— y alentó los consensos políticos necesarios, reestructurando su Mesa Directiva para dar pase a dos personajes con un vasto reconocimiento democrático y manifiesta ponderación política, constituyéndose en garantes de un proceso transparente, objetivo y con capacidades para reorientar nuestra gobernabilidad.
Ubicar a José Jerí en el escalón de estos dos destacados políticos es una insolencia.
Desde el 2016 tuvimos siete presidentes, lo que es una muestra clara de nuestra inestabilidad política, generando ingobernabilidad y desazón ciudadana. Se ha ahondado la crisis con la incapacidad de nuestra clase política de asumir correctivos que signifiquen encaminar nuestra democracia, respetando autonomías, velando por los derechos ciudadanos, y más bien enfatizaron su accionar acudiendo a utilizar los propios mecanismos constitucionales para su deterioro: la llamada erosión democrática.
Difícil predecir nuestro escenario político de mañana. La incapacidad de generar consensos y de asumir con entereza decisiones políticas que sobrepongan los intereses nacionales a los del actual Parlamento no hace más que alimentar la incertidumbre.
La presidencia encargada de José Jerí se propone débil. La única posibilidad de sobrevivencia es designar un Gabinete consensuado, si bien con perfil político, pero sobre todo con ascendencia y legitimidad ciudadana. Un buen espacio e inmediato apoyo sería convocar al Acuerdo Nacional, porque allí no solo están representados los partidos políticos, sino también la sociedad civil a instancia de distintos gremios.
Y habiéndose apelado a la “inseguridad ciudadana” como argumento de la vacancia de Dina Boluarte, lo menos que puede disponer el Congreso es derogar sus propias y condescendientes normas penales, que no han hecho más que alentarla.
Bajo estas circunstancias, como ciudadanos tenemos que mantenernos en alerta, que nuestra pasividad no permita que nuestra identidad democrática se vea afectada por la mezquindad de las decisiones de gobierno. Que asumamos una defensa irrestricta de nuestra institucionalidad democrática y, sobre todo, que nuestra decisión política en las nada distantes elecciones generales se incline, por esta vez, a “vacar a los vacadores”, tan responsables de nuestra crisis política e institucional.
