POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
De pronto, el acoso político cobra un giro inesperado. Era cuestión de oportunidad y dirige su mirada hacia un órgano que estaba asumiendo una labor parsimoniosa, abocada a sus funciones propias y que, en momentos, asumía una cierta atención sobre esta debacle democrática, no por una posición institucional como Poder Judicial en defensa de la autonomía de las instituciones y el estado de derecho, sino más bien por la actitud decidida de algunos jueces constitucionales que, a través del ejercicio de una función y responsabilidad constitucional, asumían el control difuso, enmendando con sus decisiones los excesos y abusos en los que incidía especialmente el Congreso de la República.
No pasemos por alto que el propio Tribunal Constitucional permitió que se levantara una suerte de coraza impenetrable para el albedrío congresal, resucitó la vieja discusión sobre las llamadas “cuestiones no justiciables”, facilitó las medidas cautelares sobre las contiendas competenciales o decidió sobre procesos judiciales en curso.
Revisando algunos apuntes del profesor Manuel Atienza, nos encontramos con premisas nada distantes de nuestra realidad: “en países donde las instituciones políticas son débiles, corruptas o ineficaces para proteger los derechos fundamentales, los jueces pueden ser la última línea de defensa para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos”. Añade que, en contextos de crisis, transformación política o erosión democrática, es determinante el rol de los jueces; y precisamente nuestras circunstancias histórico-políticas encuadran bajo este escenario, que a su vez reclama un rol proactivo de nuestros jueces.
Es saludable que la más alta autoridad de nuestra justicia ordinaria, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en su discurso brindado en la ceremonia de apertura del año judicial 2026, reclame la autonomía funcional de los jueces: “Por eso, hemos reafirmado que los jueces y juezas solo están sometidos a la Constitución y a la ley, y que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los derechos de las personas”.
Lo expresó en un acto público y en presencia de los titulares de otros órganos políticos, que en esa suerte de libertinaje político en que están inmersos era más que necesario subliminalmente exigirles el respeto a la separación de poderes. Pero el mensaje fue más profundo y directo: puntualizó que los jueces “cumplieron con su deber de realizar control difuso”, ante la agresiva arremetida a la que han estado sujetos por sus resoluciones apegadas a derecho y que, desde una perspectiva política, son leídas como activismo político, descalificando su función y acusándolos de prevaricadores.
Sin embargo, esta posición institucional no fue suficiente, porque desde el Congreso y, en particular, su presidente, el inefable Fernando Rospigliosi, siguieron con sus mensajes insidiosos y provocadores, de presión e incluso denuncias formales contra magistrados. Esto motivó una nueva intervención pública de Janet Tello, y no podría ser de otra manera: dejar en desamparo a jueces que, con carácter y solvente argumentación, dejan en entredicho los abusos del Congreso.
Esta vez, la posición fue más crítica y frontal, y se dio en ocasión del Congreso Internacional de Cortes de Justicia en América Latina: “La independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de fuerzas megaestructurales, propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales, así como procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del Derecho”. Hace buen tiempo que se esperaba esta firmeza, por la salud democrática del país.
“La independencia de poderes significa que el Congreso aprueba leyes que el PJ aplica. Pero en este caso, el PJ se convierte en el ÚNICO poder del Estado, hacen lo que les da la gana, no respetan la división de poderes y pisotean las leyes y la Constitución. Y cuando se les denuncia, entre ellos mismos se absuelven y sentencian a sus adversarios. Por eso hay que BARRER el sistema judicial. No hay otra posibilidad. Soluciones radicales”. Este es el mensaje de respuesta del susodicho presidente del Congreso.
Para empezar, se trata de una noción elemental y retrógrada de la independencia de poderes. En un estado constitucional como el nuestro no hay poderes exentos de control; lo contrario sería admitir el autoritarismo y la prepotencia de un órgano, que es el mensaje subrepticio, precisando además que las decisiones de los órganos judiciales están sujetas a revisión por sus instancias superiores.
Asumimos que en un estado democrático un soporte fundamental es la libertad de expresión, pero no hay derechos absolutos. Y viniendo de un alto funcionario, con un encomiable poder de decisión, alegar soluciones radicales —“barrer el sistema de justicia”—, lo mínimo es exigirle responsabilidades políticas, lo que implicaría su defenestración como directivo. Pero eso no va a ocurrir por el contubernio entre los poderes de decisión.
Lo cierto es que no es una amenaza retórica, dado el comportamiento de la agrupación política a la que representa y la ascendencia que tiene sobre las demás agrupaciones; empieza a concretizarse como una realidad.
Se buscará cualquier argumento para ubicar en el escenario de las acusaciones constitucionales a la “atrevida” presidenta del Poder Judicial o se apelará a la instrumentalización de un vergonzoso órgano del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, como efectivamente ya empezó a operar. Este último órgano aperturó procedimiento administrativo contra Janet Tello, por presunta omisión en su declaración jurada de intereses correspondiente al período 2021–2025, en la que no habría consignado a Daniela Moreno Tello como su sobrina, según la denuncia.
Está pendiente de ser agendado en el pleno del Congreso —y de seguro, dada la ojeriza de su actual presidente respecto al Poder Judicial, lo pondrá como prioridad para su debate y aprobación— la propuesta de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, ya aprobada por la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria. Esta recoge modificaciones constitucionales en su nada santa pretensión de modernizar y fortalecer el sistema de justicia del país, bajo el sustento de independencia y eficiencia.
Claro está que detrás de esta iniciativa e impulso se encuentra el soterrado interés de restarle autonomía a nuestra justicia, haciéndola obsecuente con el poder político.
Se han hecho importantes esfuerzos por mejorar nuestra administración de justicia y siempre se encuentra con los grandes escollos de la falta de presupuesto, la carencia de voluntad política, la sobrecarga procesal y la corrupción. Ello no puede justificar el camino a una intervención que altere gravemente nuestra institucionalidad democrática, pues aun con sus limitaciones, nuestra administración de justicia —más aún en el contexto actual— se constituye en un espacio irreductible para la defensa de nuestros derechos y el control constitucional.
Esta amenaza de avasallamiento son manifestaciones desesperadas de una realidad que empieza a cambiar de rostro: el momento político de rendición de cuentas. El hastío ciudadano y los reclamos institucionales de independencia son propios de una democracia que, aun con graves falencias, da cabida a manifestaciones de rechazo y de corrección.
