En éste último mes escuche más de una vez las amenazas de revocatoria para los gobernadores de Arequipa, Tacna y Moquegua.  Estoy consciente que voy a desmotivar a varios revocadores que les asiste más de una razón para revocar a las malas autoridades por corruptas, pero tengo la obligación de alertar sobre los límites y posibilidades de una acción de revocatoria.

Generalmente la revocatoria es una alerta, tipo amenaza, lanzada de diversas partes. Una de ellas proviene de los candidatos que perdieron las elecciones, otras vienen de los partidarios que apoyaron las campañas y cuyas expectativas laborales no fueron cubiertas, y finalmente, las hay, de los que empiezan a mover el piso, porque no abrazan la causa, ya sea a favor o en contra de algún proyecto minero.

Rara vez la revocatoria es motivada por causa que fue creada, y es porque la iniciativa de revocatoria -aun cuanto debe ser fundamentada- no exige que esta sea comprobada. De allí, que cualquier iniciativa de revocatoria, tiene que ser aceptada por la ONPE.

Para empezar la consulta se lleva adelante si la solicitud está acompañada del 25% de las firmas del total de los electores de cada circunscripción y si la ONPE la admite.  En este caso la ONPE se encargará de revisar la validez de cada una de las firmas, con la misma rigurosidad que lo hace para inscribir a un partido o a un movimiento regional para las elecciones.

En segundo lugar, la revocatoria procede por una sola vez en el período del mandato y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del tercer año de mandato de las autoridades.  La autoridad es revocada solo si el 50% más un voto, del total de electores, decide votar el “SI”. Ahora bien, si se da este caso, la autoridad es separada del cargo el último año de su periodo. Dicho de otro modo: la revocatoria acorta solo un año de los cuatro años que le toca gobernar a una autoridad.

Vista la revocatoria así, desde la ley, para los revocadores, resulta siendo más que una odisea, que al final no sé si valga embarcarse con el propósito de acortar solo un año de gobierno de las autoridades revocadas.

Solo los que han formado una organización política para participar en las elecciones saben, a ciencia cierta, el esfuerzo que exige recolectar una firma válida para la ONPE.  De cada tres firmas, una resulta válida para el organismo electoral. Es decir, si quiero lograr el 25% de firmas válidas, necesito el triple. Para lograr el referéndum en una población electoral de 200,000 habitantes y proceda un referéndum, necesito por lo menos de 150,00 firmas.

En buen romance recolectar firmas para que proceda el referéndum es más difícil que sacarse la “TINKA”, pero no para la población que tiene el legítimo derecho de revocar a las malas autoridades por ineptas, sino para los galifardos que al final terminan negociando las firmas, por unas cuantas lentejas, con los revocados.