POR: OMAR BENITES DELGADO     

Según versión oficial presentada en conferencia de prensa por el ministro de Cultura Alejandro Neyra Sánchez en contacto con periodistas de las 24 regiones, a lo largo y ancho del país, el Decreto Supremo 009-2020-MC, que aprueba la Política Nacional de Cultura, se constituye en el primer documento de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno en el marco de sus competencias, aprobado, y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio último, coincidente con los diez años de creación institucional y regirá hasta el 31 de diciembre 2030.

Al mediodía del viernes 21, pudimos conocer la versión oficial acerca de los alcances y el significado de la Policita Nacional de Cultura. “Si bien es cierto que esta política no tiene un presupuesto asignado, nos permite fijar de mejor manera los indicadores y las metas estratégicas para identificar en donde debemos invertir mejor nuestro presupuesto, sobre todo en regiones en las cuales tenemos proyectos de inversión en cartera que son importantes y tienen un valor simbólico y significativo ahora que nos acercamos al Bicentenario. Nos permite alinear, e integrar la intervención del Estado en materia cultural” afirmo el titular de la Cartera en Cultura.

LOS INICIOS

Alejandro Neyra, dijo que “Este es el resultado de un gran esfuerzo que tuvieron formulaciones e intentos que vienen desde 1971 a partir del Instituto Nacional de Cultura. Luego, cuando este se transfirió al Ministerio de Cultura se formularon los “Lineamientos de Política Cultural 2013 – 2016” que dieron las pautas para la labor del sector durante los primeros años de creación del Ministerio.

A partir de ese momento se han realizado innumerables esfuerzos para la formulación de una Política Nacional de Cultura, y en adelante, con el transcurrir de los años, la urgencia de contar con un instrumento de tal magnitud, ha sido mucho más notable.

Hemos hecho un  trabajo participativo en el cuan se involucró a las distintas Unidades Orgánicas del Ministerio de Cultura y, por supuesto a las Direcciones Desconcentradas de Cultura de todo el país con quienes se consultó el documento final, se trabajó con los organismos públicos adscritos como la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, así como con la Comisión Consultiva de Cultura y también con un conjunto de agencias y grupos culturales a nivel nacional entre el 2017 y el 2020” agregó.

EL RESPETO A LOS DERECHOS CULTURALES

La conferencia de prensa ofrecida por Alejandro Neyra reafirmó el criterio discutido y conversado sobre el núcleo y sustento de la Política Nacional de Cultura teniendo al ciudadano/a del Perú como eje central de un problema público que está identificado como la limitación que tiene para ejercer sus derechos culturales atendiendo las necesidades individuales así como del colectivo contribuyendo para acceder, participar y contribuir en la vida cultural, entonces, señaló:  “nuestra Política Nacional de Cultura está orientada al reconocimiento, aceptación y consolidación del ciudadano/a  como sujeto del derecho cultural en igualdad de condiciones, tomando en cuenta su heterogeneidad multiétnica y multicultural.

Para lograrlo debemos empezar por reconocer aquellas desigualdades, memorias, posibilidades y capacidades del Estado, relaciones de mercado; traducirlos en datos cualitativos y cuantitativos que nos permitan mesurar la magnitud del problema.

Este documento, que por primera vez se logra, establece disposiciones de obligatorio cumplimiento para la entidad cultural de Estado, pero, además, para todos los organismos públicos y privados que trabajen en las esferas del desarrollo sostenible. Solo así lograremos reducir las brechas y desigualdades existentes aun en la política ambiental, económica y política, contribuyendo a la generación de empleo, a la productividad y a la competitividad en este país tan diverso”.

LA POLÍTICA CULTURAL COMO ESTADO

Finalmente el ministro Neyra, en conferencia de un poco más de una hora, ha reiterado que “esta no es únicamente una política sectorial, sino, más bien, una política de Estado que tiene como propósito fundamental el bienestar de la población como sujetos del derecho cultural desde donde surgirá el ansiado desarrollo sostenible de nuestro país, logro que será posible convocando e involucrando a la sociedad civil, al sector privado y a la contribución de la sociedad en general en el rol transversal que nos toca para construir un país que, en el pleno ejercicio de su ciudadanía, ejerza plenamente y democráticamente sus derechos culturales”. El desafío está planteado.