POR: LIC. GUILLERMO EDILBERTO RUEDA KUONG
El 24 de abril de 2025, el director regional de Salud, Juan Luis Herrera Chejo, declaró a medios locales que en la región Moquegua se presume la existencia de más de 1,200 niños con posible trastorno del espectro autista (TEA), una cifra alarmante que sigue en aumento y que podría ser aún mayor, pues muchos casos nunca llegan a diagnóstico. Herrera reconoció que en Moquegua no hay especialistas en neuropediatría, por lo que los diagnósticos presuntivos terminan siendo derivados a Arequipa o Tacna. Es decir, la región carece de capacidad profesional para la detección temprana, condenando a los niños y a sus familias a perder un tiempo vital para iniciar su atención.
Este problema no es nuevo. En la gestión del exgobernador Zenón Cuevas se habló de colocar especialistas en las plazas de salud para atender estos casos. Hubo voluntad política, pero sus funcionarios de la DIRESA nunca cumplieron. La pregunta hoy es inevitable: ¿Tendrán finalmente esta gestión regional y las autoridades provinciales la decisión de asumir el reto?
En reuniones sostenidas con la Asociación AMAME (Asociación Mixta de Autismo Moquegua Esperanza), la respuesta que recibieron de algunos funcionarios fue desalentadora: con decirles “No hay cierre de brechas”, “la prioridad es un hospital” y, aún más grave, “seamos sinceros, un especialista en esta condición no vendría a Moquegua por el tema económico”. Una expresión que desnuda la indiferencia de una administración regional y local que prefiere ignorar lo que no comprende o no quiere enfrentar.
Las familias, ante este abandono, han planteado algo elemental: sincerar las cifras. Proponen que la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud, en coordinación con las tres UGEL, recopilen información de todos los colegios, aula por aula, para saber cuántos niños presentan alguna condición o discapacidad y cuántos tienen sospecha de autismo, convocando a los padres para realizarles los diagnósticos. Es decir, un censo escolar sería suficiente para contar con una base real que permita planificar políticas públicas.
En junio de 2025, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 32382, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de junio de 2025, que crea el Centro Especializado en Investigación y Atención Integral para las Personas con TEA y el Observatorio Nacional del Autismo. Esta norma establece que el Estado debe garantizar presupuesto, articular sectores y brindar atención integral y descentralizada.
Sobre esta ley, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, impulsora de la iniciativa, declaró: “Esta no es solo una ley, es un acto de justicia social. Cada persona con autismo merece una atención integral, digna y humana en todo el país” (Fuente: Congreso de la República, junio 2025).
El contexto internacional confirma la urgencia. En Estados Unidos, en el año 2000 se reportaba un caso de autismo por cada 150 niños; hoy la cifra es 1 de cada 31, un aumento del 384% en apenas dos décadas. En el Perú, la Defensoría del Pueblo estimó en 2022 que más de 204 mil personas viven con esta condición, número que no deja de crecer. Países como España, Chile y Estados Unidos ya cuentan con centros financiados por el Estado que garantizan atención integral y continua.
En Moquegua, sin embargo, la realidad es otra. Mientras la ley obliga a implementar un centro y asegurar presupuesto, la indiferencia se impone: se invierten 40 millones de soles en la construcción de un colegio, pero ni un sol en un centro especializado para autismo.
¿SABES CUÁNTO INVIERTE UNA FAMILIA EN UN NIÑO CON AUTISMO?
El costo que enfrentan las familias es brutal. Un diagnóstico inicial bordea los 1,200 soles. Un tratamiento terapéutico, tres veces por semana, asciende a 1,300 soles mensuales. Y las terapias adicionales de lenguaje o conducta suman alrededor de 1,800 soles más. En total, 4,300 soles al mes por cada niño. Una familia en la que ambos padres trabajan podría, con mucho esfuerzo, llegar a cubrirlo. Pero para una familia humilde, esta cifra es impagable, lo que obliga a suspender o limitar el tratamiento de su hijo. Y hablamos de niños que vivirán toda su vida con esta condición y que merecen el mismo derecho a oportunidades.
La política pública es, finalmente, una decisión de las autoridades. Y en Moquegua esa decisión ha sido mirar hacia otro lado. ¿Acaso debemos también tomar el puente Montalvo para que seamos visibles y este reclamo justo tenga eco? ¿Cuántos niños más deben seguir y crecer sin diagnóstico ni tratamiento para que nuestras autoridades decidan actuar?
Cada lector que lea estas líneas seguramente conoce a un familiar, a un vecino o a un amigo cuyo hijo vive con autismo. Tal vez nunca se haya detenido a pensar en lo que esa familia enfrenta día a día, en las renuncias que asume y en el costo emocional y económico que carga. Pero también está la otra parte: cómo todos podemos ayudar a integrar a estos niños a la sociedad, porque crecerán, serán adultos y también formarán sus propias familias. Negarles hoy la atención es negarle a Moquegua un futuro más inclusivo y más humano.
Hoy la reflexión es ineludible. Moquegua, con todos sus recursos mineros, arrastra una deuda inmensa con los más vulnerables. Es hora de que nuestras autoridades piensen en los niños moqueguanos, ileños y sanchezcerrinos que vivirán toda su vida con esta condición, y en los que vendrán después. Porque ignorarlos no hará que desaparezcan; solo hará que la indiferencia se convierta en la herida más grande que cargue nuestra región.
