POR: JULIO FAILOC RIVAS
“La licencia social” es un concepto que escuche por primera vez en una reunión donde se discutía la viabilidad social de un proyecto minero en Tambo Grande en Piura. Debo confesar que antes de ello, no había escuchado esta terminología, a pesar que trabajé en una ONG ambientalista –además de vivir en una ciudad impactada en su medio ambiente- que se la paso luchando por muchos años en contra de la contaminación de una empresa minera.
Este concepto – a pesar que no existe en ninguna parte de la legislación minera- se ha venido posicionando, no solo en las comunidades con presencia minera, sino también en los propios mineros, y; sobre todo, por aquellos que se oponen al desarrollo de la actividad minera, quienes han sabido utilizarla muy bien como estrategia de comunicación con la población.
Sin embargo, hay que tener cuidado cuando utilizamos el término de “licencia social” para referirnos a la “aceptación que le da las comunidades de la zona de influencia directa de un proyecto minero” o cuando queremos confundirla con la ley o el reglamento de participación ciudadana en el sub sector minero como lo hacen los opositores a la actividad minera para bloquear o evitar que la población participe en los talleres informativos o de cualquier otro mecanismo a la cual la población tiene todo el derecho.
Si partimos de la premisa que la licencia social es la aceptación de un determinado proyecto minero, la pregunta del millón sería: ¿la venta de los terrenos superficiales que hacen las comunidades a la empresa minera para su explotación, no implica que están aceptando el proyecto minero? ¿Acaso, no sería la mejor forma de oponerse a un proyecto minero no vendiendo los terrenos de las comunidades a la empresa minera?
Por otro lado, confundir la “licencia social” con los mecanismos de participación ciudadana en el sub sector minero es un despropósito porque niega un derecho y espacio que tiene la población a participar y observar o cuestionar algún proyecto minero que pudiera afectar el medio ambiente de las comunidades.
El boicot a los talleres de presentación de los Estudios de Impacto Ambiental-EIA, tiene más afecto mediático que otra cosa, nunca ha tenido algún efecto efectivo para bloquear el proceso de evaluación del EIA de algún proyecto minero. Es más, si la empresa minera no puede llevar a cabo la audiencia para la presentación del EIA en alguna de las zonas de influencia del proyecto minero tiene la prerrogativa de hacerlo en cualquier parte de la región donde está ubicado el proyecto o reemplazarlo por otro mecanismo permita la ley, tales distribuciones de materiales informativos, difusión de la información a través de facilitadores o medios de comunicación, etc.
La licencia social no es un certificado de buena conducta, ni un documento firmado por las autoridades o comunidades que la ley exige para poder iniciar un proyecto minero. Nada más falso que eso, miren al proyecto Tía María o Conga, que tuvieron licencias de construcción y no pueden operar. La “licencia social” es una suerte de acuerdo social sostenido con las comunidades que la minería necesita para poder operar con gobernabilidad y responsabilidad social y ambiental.
