POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
En estos días, el acontecimiento que domina el debate internacional es la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Voces influyentes del ámbito político y académico han censurado con severidad la intervención de los Estados Unidos, cuestionando la legitimidad de detener a un gobernante que, por años, consolidó una estructura de poder personalista y excluyente, propia de los regímenes autoritarios. En medio de estas críticas, no han faltado quienes reducen el debate al interés estratégico por el petróleo venezolano. Sin embargo, cabe preguntarnos con honestidad intelectual: ¿no deberíamos contrastar el valor de la libertad frente al valor del petróleo?
Es cierto que el petróleo ha sido un factor central en la historia política y económica de Venezuela, y no es injustificado sospechar de los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Pero la pregunta esencial sigue siendo otra: si Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, ¿por qué millones de venezolanos han abandonado su país? ¿Por qué esa riqueza no se tradujo en bienestar, dignidad y oportunidades para su propio pueblo, que hoy se dispersa por toda América Latina en busca de libertad y de un futuro posible?
En un sistema democrático, la riqueza natural no es el único pilar que sostiene a una nación. Pensar lo contrario equivaldría a suponer que, si un país extranjero interviniera el Perú y se apropiara de sus recursos mineros, el país colapsaría irremediablemente. No sería así. Las economías democráticas se sostienen sobre la diversificación productiva, la institucionalidad y la confianza ciudadana. El verdadero problema venezolano no es el petróleo, sino el uso del Estado como botín personal de una élite gobernante, que convirtió la riqueza nacional en un instrumento de corrupción y de perpetuación en el poder.
Resulta difícil imaginar la experiencia de verse obligado a huir del propio país por hacerlo inviable para vivir. Es cierto que, en el Perú, durante los años del terrorismo, muchos optaron por emigrar ante la sensación de que la violencia hacía imposible la vida cotidiana. Pero incluso en esos años oscuros, la diferencia fundamental fue la existencia —aunque frágil— de libertades básicas. Hoy, en nuestro país, no se persigue ni se encarcela a quienes piensan distinto, ni se castiga la crítica al poder político. La libertad de expresión, condición indispensable de toda democracia, existe y funciona. Incluso podría decirse que gozamos de un exceso de ella: el derecho a opinar sin límites ha derivado, en ocasiones, en insultos, desinformación y manipulación desde ciertos medios y redes sociales. Pero esa misma libertad es la que nos permite disentir, denunciar y elegir.
La crisis venezolana no es, en esencia, una crisis petrolera. Es una crisis moral y política: el resultado de una acumulación obscena de riqueza por parte de los aliados del régimen, bajo el discurso de una supuesta identidad nacional, para imponer un sistema autoritario, avasallante y profundamente corrupto. Un régimen donde las elecciones se vaciaron de contenido y se transformaron en una mera puesta en escena al servicio del partido gobernante.
En contraste, nuestras democracias, imperfectas y caóticas, aún nos permiten elegir. Tal vez demasiados partidos compiten, muchos improvisados, sin propuestas claras o con antecedentes cuestionables. Pero entre ellos siempre existen opciones valiosas. Y, sobre todo, existe algo irrenunciable: la posibilidad de decidir a quién delegamos el poder que nos pertenece como ciudadanos.
La libertad no es un concepto abstracto ni un privilegio retórico. Es el espacio donde las personas desarrollan sus capacidades, construyen su proyecto de vida y afirman su dignidad. Cuando un individuo no puede elegir, cuando es perseguido por pensar diferente, cuando debe abandonar su país para no ser encarcelado o humillado, el debate deja de girar en torno al petróleo o a los intereses de una potencia extranjera. Se trata, entonces, de una disyuntiva humana fundamental: aceptar ser oprimido, convertirse en opresor o luchar por ser libre.
Siempre la libertad será un valor superior, no solo para “volar” como uno desea, sino para vivir con dignidad. Venezuela tendrá el tiempo y la responsabilidad histórica de reconstruirse, y América Latina deberá acompañarla en ese proceso. Porque la dictadura venezolana no es solo un problema de los venezolanos. Ellos, sin duda, deberán decidir su destino en libertad. Pero somos parte de una misma patria grande y no podemos ser indiferentes al sufrimiento de millones que se vieron forzados a abrirse camino lejos de su tierra.
Mi solidaridad va para aquellos venezolanos que no emigraron por turismo ni para arrebatar empleos, como algunos discursos mezquinos pretenden hacer creer, sino para buscar lo más elemental y lo más humano: vivir en libertad y con dignidad.
