POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Hace algunos años, las entidades financieras obligaban a sus clientes a firmar contratos con letras muy pequeñas. Ante las masivas quejas presentadas, Indecopi -amparado por el Código de Protección al Consumidor- obligó a dichas instituciones garantizar un servicio de idoneidad empezando por agrandar las palabras en los referidos contratos.
Décadas después, la historia vuelve a repetirse solo que esta vez no se trata de un banco sino del Congreso, ni tampoco es cualquier ciudadano sino de un padre (o mejor dicho madre) de la patria; es decir, Flor Pablo. Días atrás, el Pleno aprobó por amplia mayoría la reposición de catorce mil docentes cesados en el 2014. De inmediato, tanto el Ministerio de Educación como algunos parlamentarios se opusieron. Dentro de estos últimos se encontraban la exministra vizcarrista, quién al ser entrevistada no recordaba haber votado a favor, declarando sin rubor alguno “fui embaucada con la letra chiquita del proyecto de ley”.
Tiempo atrás, para ser más exacto en el 2016, Susel Paredes presentó a Gracia Aljovín como “su esposa”; sin embargo, recientemente se conoció que la señora Aljovín contrató por US$ 1 millón durante el desgobierno de Pedro Castillo, beneficiándose además por S/ 10 millones del Programa Reactiva Perú. Desvergonzadamente, Paredes Piqué dijo desconocer los negocios de “su pareja”; es decir, no vio la “letra pequeña” de un conflicto de intereses de su cónyuge cuando ella ya era legisladora.
Casi por la misma época una joven bloguera y estudiante universitaria se hacía y deshacía de jugosas propiedades, al punto que hoy tiene un patrimonio no aclarado de cera de medio millón de dólares. Preguntada la hoy congresista Sigrid Bazán intentó justificar ese desbalance económico aduciendo que se trataba de ahorros familiares, de la pensión de jubilación de su padre, hasta que cuando ya no pudo más con las mentiras simplemente dejó de hablar del tema. Cierto, no vio la “letra pequeña” que se trata de un presunto delito de lavado de activos.
Como tampoco la vieron quienes pretendieron apañar injustificadamente a la señora Zoraida Ávalos en no ser investigada por el primer poder del Estado, que de hecho lo hizo y más aún fue destituida del cargo de Fiscal Suprema, e inhabilitada del ejercicio de la función pública, conforme lo establece el Artículo 99° de la Constitución. Es la misma prerrogativa que goza para investigar y remover (de ser el caso) a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (Artículo 157°). Pero es obvio que intereses subalternos (probablemente motivados por consultorías al interior de esta entidad pública) defiendan esa permanencia sin el ejercicio de control y/o fiscalización pues no han leído la Carta Política debido a que “la letra es pequeña”.
Estos son solo alguno de los cientos, sino miles, de ejemplos que a diario encontramos en nuestro quehacer político. Si eres un simple mortal (como usted o quién escribe) inmerso en un presunto delito, seremos investigados y juzgados con toda severidad; no obstante, si eres caviar depende. ¿De qué? Que tan pequeña sea la letra.
