POR: LARRY ORMEÑO CABRERA (ABOGADO ANTICORRUPCIÓN DE ILO)
La reciente sentencia que absuelve de prisión a un exgerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, David Espinoza Apaza, por el presunto pago irregular de más de 10 millones de soles a Obrainsa, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la verdadera voluntad de lucha contra la corrupción en nuestro país. Con una condena que se limita a «reglas de conducta» y el pago de una reparación civil, pero sin cárcel, surge la inevitable y dolorosa pregunta: ¿dónde está la igualdad ante la ley?
No es posible seguir aceptando que en el Perú existan dos varas de medir la justicia. Mientras un joven que, desesperado, hurta un celular para subsistir es sometido a un proceso rápido que suele terminar con una pena efectiva de prisión, aquellos que, vestidos de «saco y corbata» y desde sus despachos en el Estado, desvían millones de soles de los fondos públicos, reciben sentencias que, a todas luces, parecen ser un premio a la impunidad. ¿Cómo podemos avanzar en la lucha contra la corrupción si los funcionarios públicos que cometen delitos contra el Estado no pisan la cárcel?
Esta complacencia con la corrupción de cuello blanco solo profundiza la ya abismal desconfianza de la población en nuestro sistema judicial. Las cifras son contundentes y no mienten: la última encuesta de DATUM nos revela que un escalofriante 85 % de peruanos no confía en el Poder Judicial y el 73 % en la Fiscalía. Esta sentencia, lejos de revertir esa percepción, la consolida, al demostrar que quienes tienen poder y conexiones parecen gozar de una «justicia» privilegiada.
El caso de David Espinoza Apaza es paradigmático de cómo los engranajes de la impunidad pueden funcionar. La sentencia aborda, entre otros puntos, el uso indebido de la directiva N.° 019-2019 del Consejo Directivo del PERPG, la desobediencia dolosa al Consejo Directivo y la falta de probidad en el cumplimiento de pagos. Pese a que el exgerente admitió que la entidad «no solicitó opinión ni la intervención previa del Consejo Directivo», y se mencionó «el interés del consorcio privado, anteponiéndolos al mandato institucional», la ausencia de una pena privativa de libertad efectiva envía un mensaje devastador a la ciudadanía. Las «reglas de conducta» y una reparación civil solidaria de «18 mil soles, entre 4 sentenciados», aunque significativas, no reflejan la gravedad del delito cuando se compara con la severidad que enfrenta el ciudadano común.
Esta situación se agrava al considerar que se ha «afectado gravemente el patrimonio público», y que los auditores advirtieron «irregularidades». A pesar de que «Espinoza Apaza fue hallado responsable del pago irregular al consorcio Obrainsa – Astaldi», el desenlace sin cárcel es un claro indicativo de las deficiencias en nuestro sistema penal para tratar la corrupción de alto nivel.
Resulta incomprensible que, frente a un perjuicio millonario, se dicten penas que no contemplan la privación de la libertad. Esta situación es una bofetada a la ciudadanía, que ve cómo sus recursos, destinados a obras y servicios esenciales, son drenados por la corrupción, mientras los responsables caminan libres.
Nuevamente, este accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial en nuestra región nos da la razón: no están comprometidos con la verdadera lucha anticorrupción. La justicia no es solo la aplicación de la ley, sino también la demostración de un compromiso ético y moral con la sociedad. Hasta que los delitos de corrupción sean castigados con la severidad que merecen, incluyendo la prisión efectiva para quienes, desde el Estado, traicionan la confianza ciudadana y desfalcan el erario público, seguiremos lamentando que el «oro del saber» y el «oro blanco» de nuestra región terminen en los bolsillos equivocados, dejando al pueblo en la más absoluta de las desconfianzas.
