POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Lo que en su momento fue advertido públicamente por la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional y negado por los más altos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI), pese a que la investigación periodística estaba sustentada en documentación oficial de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ha dado ahora un nuevo giro: los hechos llegaron al Ministerio Público y ya son materia de una investigación fiscal.
Según la Disposición Fiscal N.º 2-2026-MP-FPPCI-1D, de fecha 30 de julio de 2026, la propia Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Ilo puso en conocimiento del Ministerio Público información relacionada con los hechos denunciados, al advertir su posible relevancia penal.
El fiscal Douglas José Bravo Lazarte, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, dispuso investigar preliminarmente a la gerente municipal Lía Salazar Suclle y al alcalde provincial Humberto Jesús Tapia Garay por hechos vinculados con la designación y aceptación de un cargo público.
La Fiscalía atribuye preliminarmente a Salazar la presunta comisión del delito de aceptación ilegal de cargo público, mientras que respecto de Tapia investiga el presunto delito de nombramiento ilegal en cargo público, en agravio de la Municipalidad Provincial de Ilo.
La investigación fiscal se origina precisamente en los cuestionamientos formulados respecto de la designación de Salazar como gerente municipal de la MPI, pese a las observaciones existentes sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar dicho cargo.
SERVIR YA HABÍA ADVERTIDO EL INCUMPLIMIENTO
El origen del caso se encuentra en las observaciones formuladas por SERVIR respecto del cumplimiento del perfil exigido para ejercer la Gerencia Municipal.
De acuerdo con la documentación oficial, al 2 de enero de 2024, fecha de inicio de su designación, Lía Salazar acreditaba únicamente un año, cinco meses y siete días de experiencia específica en puestos o cargos de dirección con reporte directo a la Alta Dirección, cuando el perfil vigente exigía dos años de experiencia.
Este elemento resulta determinante porque la observación no nació de una interpretación periodística. Fue establecida por el organismo técnico encargado de supervisar el cumplimiento de las reglas del sistema de recursos humanos del Estado.
Precisamente sobre la base de esa documentación, la UDI de Prensa Regional informó oportunamente a la opinión pública sobre las irregularidades advertidas en la designación, mientras los funcionarios cuestionados negaron reiteradamente que existiera un problema en el cumplimiento del perfil.
SERVIR precisó posteriormente que una modificación del perfil aprobada en febrero de 2025 permitía validar otras experiencias de Salazar y que, bajo las nuevas reglas, podía continuar ejerciendo el cargo. Sin embargo, el propio organismo fue categórico en señalar que esta modificación no eliminaba el incumplimiento producido al momento de su designación en enero de 2024, cuando no reunía los requisitos entonces vigentes.
Es precisamente ese acto inicial el que ahora adquiere relevancia dentro de la investigación fiscal.
EL NOMBRAMIENTO QUE AHORA ESTÁ BAJO LA LUPA FISCAL
Mediante la Resolución de Alcaldía N.º 003-2024-A-MPI, de fecha 3 de enero de 2024, el alcalde Humberto Tapia Garay designó a Lía Salazar Suclle como gerente municipal.
La disposición fiscal considera que existen elementos que justifican esclarecer si ese nombramiento se realizó pese a conocerse que la designada no cumplía, en aquel momento, con el requisito de experiencia exigido para ocupar el cargo.
Ese es precisamente uno de los puntos que deberá determinar el Ministerio Público: si quien efectuó la designación conocía las exigencias establecidas para el cargo y, pese a ello, procedió con el nombramiento; y si quien aceptó el cargo conocía que no reunía los requisitos vigentes en ese momento y, aun así, aceptó y ejerció la función.
No se trata, por tanto, únicamente de una discusión administrativa sobre el cumplimiento de un perfil profesional. La Fiscalía ha considerado que los hechos ameritan diligencias preliminares para determinar si tuvieron relevancia penal.
DE LA DENUNCIA DE PRENSA REGIONAL A LA INVESTIGACIÓN FISCAL
Han transcurrido varios meses desde que Prensa Regional reveló el caso. Ahora, la Disposición Fiscal N.º 2-2026 no se limita a recoger los antecedentes, sino que ordena diligencias destinadas a esclarecer cómo se produjo la designación y establecer las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.
Entre las actuaciones dispuestas se encuentra la recepción de las declaraciones de Humberto Tapia Garay y Lía Salazar Suclle, así como la solicitud a SERVIR de documentación certificada relacionada con el expediente de supervisión.
También se ha dispuesto recabar información vinculada con los antecedentes de los investigados y desarrollar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias en que se produjo la designación, así como las condiciones bajo las cuales el cargo fue aceptado y ejercido.
La investigación tendrá inicialmente un plazo de 60 días, sin perjuicio de las actuaciones adicionales que el Ministerio Público considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
¿QUÉ DEBERÁ DETERMINAR EL MINISTERIO PÚBLICO?
El punto central será establecer si existieron conocimiento y voluntad en la actuación de los involucrados.
Respecto de quien efectuó el nombramiento, deberá determinarse si conocía que la designada no cumplía con el requisito establecido para el cargo y, pese a ello, decidió formalizar su designación.
En cuanto a quien aceptó el cargo, corresponderá establecer si conocía las exigencias legales y administrativas vigentes y si, pese a no cumplirlas en aquel momento, aceptó y ejerció la función pública.
La investigación también deberá determinar cuándo fueron conocidas las observaciones relacionadas con el cumplimiento del perfil y cuál fue la actuación de las dependencias municipales que participaron en el procedimiento.
Será finalmente el Ministerio Público el que establezca si estos hechos tienen responsabilidad penal o si corresponde archivar la investigación.
PRENSA REGIONAL LO ADVIRTIÓ
La historia de este caso contiene un elemento que no puede pasar inadvertido.
La UDI de Prensa Regional informó sobre las irregularidades cuando estas todavía eran materia de cuestionamiento público y administrativo. La información publicada no nació de rumores ni especulaciones, sino de documentación oficial y de las observaciones formuladas por SERVIR respecto de la designación.
La investigación periodística reveló que Salazar no cumplía, al momento de asumir la Gerencia Municipal en enero de 2024, con la experiencia específica exigida entonces para el puesto. También dio cuenta de las respuestas y explicaciones ofrecidas desde la Municipalidad frente a esos cuestionamientos.
Hoy, esos hechos forman parte del contexto de una investigación fiscal que deberá establecer si la designación de Lía Salazar y la actuación del alcalde Humberto Tapia tuvieron relevancia penal.
¿INTOCABLE PARA LA GESTIÓN TAPIA?
Existe, sin embargo, un hecho político que permanece a la vista: pese a las observaciones de SERVIR sobre su designación original, las investigaciones periodísticas de Prensa Regional y ahora la apertura de diligencias fiscales, Lía Salazar Suclle continúa desempeñándose como gerente municipal y como una de las funcionarias de mayor confianza de la gestión del alcalde Humberto Tapia Garay.
La investigación fiscal no significa culpabilidad ni constituye una sentencia. Tanto Tapia como Salazar conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Pero la permanencia de Salazar en uno de los cargos de mayor responsabilidad de la Municipalidad constituye una decisión política y administrativa que, frente a los antecedentes acumulados, merece una explicación pública.
Lo que comenzó con documentos de SERVIR, continuó con una investigación de la UDI de Prensa Regional y llegó posteriormente al Ministerio Público. Ahora corresponde a la Fiscalía determinar la verdad de los hechos y, de encontrar elementos suficientes de responsabilidad penal, ejercer las acciones que correspondan ante el Poder Judicial.
Mientras tanto, Lía Salazar sigue siendo la gerente municipal de Ilo.
