Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, dijo que una inhabilitación al expresidente de la República, tal como lo ha recomendado al pleno la Comisión de Fiscalización del Congreso en su informe final, «no procede».
En una entrevista con RPP, explicó que tal medida no es viable debido a que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido sendas sentencias en las que señala que, para ello, requiere una «sentencia confirmada, una cosa juzgada, firme» del Poder Judicial donde se determina la culpabilidad de una persona frente a un delito.
«El TC ha dicho que es imposible emitir una inhabilitación, porque esto significaría violar la separación de poderes y la presunción de inocencia en sede parlamentaria. Entonces, es necesaria, para que se implemente una inhabilitación primero, que se determine si existen delitos o no», sostuvo la defensa legal.
En esa línea, Fernando Ugaz criticó el informe final aprobado por el grupo de trabajo que lidera el parlamentario Édgar Alarcón, acusado recientemente por un postulante a colaborador eficaz de haber recibido, cuando era contralor general de la República, una presunta coima de S/ 2 millones de parte del exalcalde Luis Cerrato Tamayo.
«Este informe tiene inmensas contradicciones, incoherencias, ilegalidades, desproporciones. He hecho una lista de por lo menos 80 observaciones a esta acusación», manifestó el abogado.
A ojos de la defensa de Martín Vizcarra, ha habido una «escasez de asesoría técnica constitucional» en la elaboración del documento.
«El Congreso está cuestionado por su parcialidad, su escaza neutralidad, y lo importante es que este no sea un fuero que se instrumentalice con fines de abuso de poder y vendettas particulares», opinó tras agregar que «existe una absoluta certeza de que un [recurso de] amparo planteado es ganado en primera instancia en este caso».
En el documento aprobado por la Comisión de Fiscalización del Legislativo se recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función. Además, se plantea imponer una sanción ejemplar y se solicita inhabilitarlo para el ejercicio de toda función pública por diez años. [Fuente: RPP]
