POR: GUSTAVO PUMA CÁCERES
La gran estafa de la nueva ley de AFP empobrece a los jóvenes y un futuro hipotecado para el Perú; en un contexto de crisis económica y desconfianza generalizada en las instituciones, el Gobierno peruano ha promulgado la Ley de Modernización del Sistema Previsional (Ley n.° 32123). Aunque presentada como una actualización necesaria, un análisis riguroso de su contenido revela su verdadero carácter: una norma lesiva y engañosa. Su principal afectación recae sobre los millones de jóvenes que inician su vida laboral, cuyo futuro económico queda hipotecado para beneficiar los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Lejos de proteger a la ciudadanía, esta ley, vendida como un instrumento de «libertad de elección», sacrifica el futuro previsional de las nuevas generaciones en el altar del lucro corporativo. Al obligar a los nuevos trabajadores formales a adherirse a un sistema precario, la norma erosiona desde sus cimientos la seguridad social en el Perú.
UN FUTURO HIPOTECADO PARA EL PERÚ
El eje de la propaganda a favor de la ley fue la creación del “aporte solidario”. Se prometió que los empleadores aportarían un 1% adicional sobre la remuneración del trabajador, lo que sonó, en principio, como una inyección de recursos para las pensiones.
Sin embargo, la letra pequeña de la ley y su reglamento dejan claro el engaño: este 1% no es un aporte adicional del empleador, sino que se descuenta directamente de la Remuneración Mínima Vital (RMV) que ya recibe el trabajador.
En esencia, no es un aporte nuevo, sino una reasignación forzada del salario del trabajador. Es como si a un joven que gana S/ 1,025 se le dijera: «Ahora tu sueldo se divide en S/ 1,015 para ti y S/ 10 para tu AFP, pero lo llamaremos ‘aporte solidario de tu empleador'».
La mentira es flagrante. No hay solidaridad ni aporte patronal real, sino una reducción encubierta del salario líquido que afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, especialmente de aquellos que ganan la mínima y son los más vulnerables.
LOS JÓVENES: LOS GRANDES PERJUDICADOS DE UN SISTEMA FALLIDO
La norma es particularmente cruel con los jóvenes de 18 años que se incorporan al mercado laboral. Bajo la premisa falsa de «darles libertad de elección», se les obliga a afiliarse automáticamente a una AFP, perpetuando un sistema que ha demostrado su ineficacia en más de 35 años para generar pensiones dignas.
Pérdida inmediata de ingresos: ese joven que empieza a trabajar verá su salario neto reducido desde su primer día por el descuento del mal llamado «aporte solidario».
Pensiones mínimas garantizadas: el modelo condena a la mayoría a recibir, tras 40 años de aportes, una pensión que ronda apenas el 40% de su último sueldo, una cifra que no asegura una vejez digna. La ley no soluciona este problema de fondo; lo agrava al canalizar más recursos hacia un modelo quebrado.
Beneficio para las AFP, no para los aportantes: las AFP operan con un lucrativo modelo de negocio basado en cobrar comisiones sobre los fondos administrados. Al afiliar forzosamente a millones de nuevos jóvenes, la ley les garantiza una clientela cautiva y masiva durante las próximas cuatro décadas, asegurándoles enormes flujos de utilidades a costa del futuro de una generación entera.
EL COSTO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO
La ley no solo es injusta para los individuos; es profundamente dañina para el país en su conjunto. Los perjuicios para el país son profundos:
Para los jóvenes: se les condena a un sistema de ahorro individual puro, donde su pensión dependerá exclusivamente de los vaivenes del mercado financiero y de su trayectoria laboral (a menudo inestable). Perderán la solidaridad y la seguridad de un piso pensionario que, con todos sus defectos, el SNP sí puede ofrecer.
Para los nuevos jubilados: quienes se queden en las AFP verán su jubilación sujeta al riesgo. Quienes, engañados por la publicidad, esperen jubilarse con una gran suma, descubrirán que las comisiones se han llevado una parte sustancial de sus ganancias. No existe un beneficio claro; solo incertidumbre.
Para la nación: se profundiza la inequidad. Se crea un sistema a dos velocidades y se socava un pilar fundamental del Estado de bienestar: la seguridad social. Economistas alertan que esto no estimula el crecimiento; por el contrario, transfiere riesgo desde las empresas privadas (las AFP) hacia el bolsillo de los trabajadores y el Estado.
UNA LEY QUE NO ES PROGRESO, ES RETROCESO
Esta ley no es un avance; es una regresión disfrazada. En lugar de aprender de los errores de otros países con sistemas similares y de nuestra propia experiencia con las limitaciones de las AFP, el poder político —el Ejecutivo y el Congreso— ha cedido a los lobbies y ha promulgado una norma que perjudica el interés nacional.
Los millones de aportantes, especialmente los jóvenes, no merecen un futuro donde su jubilación dependa de la volatilidad de los mercados y de comisiones que merman sus fondos. Merecen un sistema donde los años de trabajo duro se vean recompensados con dignidad y tranquilidad. Esta ley les roba eso hoy, y les promete miseria mañana. Es una deuda más que el Estado contrae con su futuro, y el momento de derogarla y debatir una reforma verdadera es ahora.
Es una mentira decir que beneficia a los jóvenes. Los utiliza como carnada para alimentar un modelo que necesita sangre nueva para sobrevivir. Es un abuso a los millones de aportantes, a quienes se les vende ilusión en lugar de seguridad.
El Perú merece un debate serio y honesto sobre su sistema de pensiones, uno que priorice la dignidad de la vejez sobre las utilidades de unos pocos. Esta ley, lesiva en lo político, social y económico, es todo lo contrario.
