POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una forma de sintetizar y expresar el estado de cosas en el contexto político de nuestro país y volvernos a encontrar con la podredumbre en que se ha convertido el Congreso, con la complacencia de instituciones y fuerzas políticas, es la reciente aprobación en primera votación por parte de la Comisión Permanente de la norma que abroga la Ley 27600, en consecuencia, restituye la firma de Alberto Fujimori en el texto de la Constitución de 1993.
La decisión no es tan ligera e insustancial como se la pretende colocar, es mucho más profunda. Estábamos ya de vuelta por la ruta democrática, el binomio Fujimori-Montesinos, fuera del poder, uno por Japón, el otro por Panamá, perseguidos por la justicia, llevando tras de sí pesadas mochilas, muy diplomático el calificativo, mejor pesadas maletas de corrupción-de las mayores en el mundo-, crímenes y muerte, descalabro institucional; Valentín Paniagua, en su gobierno de transición, convoco una Comisión especial para definir una posición frente a dicha Constitución, planteándose tres alternativa, de las que en el Gobierno de Alejandro Toledo, el Congreso recogió una, que sea la Comisión de Constitución quien acuda a una revisión y propuesta de una reforma total de dicha Constitución, lo que fue regulado expresamente en esa ley 27600, pero la desidia política nunca llegó a materializarla; sin embargo, en ese mismo contexto, y puestos de manifiesto público las barrabasadas del decenio fujimorista, se recogió en el primer artículo de dicha ley, la supresión de la firma de Fujimori, “por los actos delictuosos cometidos durante el gobierno fujimorista”, como explícitamente se recoge en el dictamen de entonces.
Cierto es, que esta decisión no es común, en nuestra historia republicana nunca antes ocurrió y claro que fue una decisión política, no sólo porque se dio por un órgano político como lo es el Congreso, sino que la decisión se dio en una coyuntura política específica y como respuesta a una vergonzosa página de nuestra vida republicana que teníamos que cerrarla y de la mejor forma, significando una legítima reacción ante la afrenta, un propósito de enmienda y un mensaje al futuro. Es pues, parte de nuestra necesaria memoria histórica, en una perspectiva constructiva y reflexiva, ¡nunca más!
La representación política actual en innegable proceso regresivo, distorsionando los hechos, sesgando las verdades históricas, tratado de convertir en héroes a criminales condenados por la justicia ordinaria, insiste e intenta desde su posición de poder político, darnos lecciones de nuestra historia reciente, que muchos peruanos la hemos compartido de manera directa, alegando que dicha ley que se pretende su abrogación “fue un error legislativo motivado por la subjetividad política, lo que debe ser corregido a través de su derogatoria”, para agregar en su argumentación que al no encontrarse indicios de quien promulgó la Constitución de 1993, genera un impacto “la manipulación histórica en el ámbito de la educación, en la conciencia cívica y en la memoria colectiva…y perjudicar la construcción de una identidad nacional, para afrontar los retos que el contexto histórico depara para el futuro”, este es el argumento para dicha abrogación, grandilocuente y retorico, de quienes tienen escaso compromiso con nuestro presente y nula responsabilidad con nuestro futuro, soslayando nuestro Bicentenario como oportunidad para construir una solvente democracia, con instituciones autónomas y respeto irrestricto a los derechos y libertades ciudadanas.
Esta propuesta normativa, es la mejor carta de presentación de quienes nos representan, sacudir y manipular nuestra historia, acomodarla a su antojo, enaltecer las vilezas, alimentar desencuentros, adueñados de la prepotencia, expeler revanchismo, odios y miserias por doquier.
El retiro de la firma de Alberto Fujimori de la Constitución, no la hace mejor ni le otorga la legitimidad de origen que adolece, más si nos da a los peruanos la oportunidad de discernir entre la corrección política y sus inconductas, entre el ejercicio del poder político para beneficio de los ciudadanos y el sistemático latrocinio del Estado, entre quienes son demócratas por convicción y quienes lo son por oportunidad. Pueden hacer lo que quieran señores Congresistas, los tiempos no son de ustedes son del pueblo, más temprano que tarde asumirán sus responsabilidades, pero más aún, empecinados por decorar el oprobio y la corrupción, descalificativos adueñados de parte de nuestra verdad histórica, ustedes tienen un lugar preferente.
