POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La inoficiosa representación parlamentaria, su permanente deslegitimidad, su grave fragmentación, su manifiesto alejamiento de los lineamientos programáticos e ideológicos que los llevaron al cargo, y especialmente las graves denuncias por corrupción e inconductas recaídas indistintamente en legisladores de todas las bancadas; le añadimos, que en el partidor electoral, se encuentran veintidós agrupaciones políticas y aún hay otras en proceso, que implica un incremento sustantivo, cuando la lógica era acotar y reforzar nuestro sistema de partidos y la respuesta, es que fue un fracaso la reforma política, y esta es responsable de los problemas políticos de estos últimos años.
Esta última premisa apunta a los cuatro proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno de Martin Vizcarra, aprobados por el Congreso y luego sometidos a referéndum: la Junta Nacional de Justicia, el financiamiento de las campañas electorales, la no reelección de congresistas y la Bicameralidad; y a los doce proyectos de reforma constitucional y legal sugeridos por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en el verano del 2019, que fueron presentados por el Ejecutivo al Congreso(excepto la propuesta de retorno del Senado, que acababa de ser rechazada por la ciudadanía). Es necesario precisar que estas últimas propuestas, trabajadas desde una perspectiva especializada, objetiva y cauta, permitían dar un abordaje integral a las manifiestas carencias o deficiencias institucionales, que se venían arrastrando y que comprometían nuestra gobernabilidad.
Apegados a su iniciativa legislativa los parlamentarios siempre propusieron y aprobaron proyectos sumidos en improvisación y oportunismo; y cuando de iniciativas serias se trataba, estas eran desnaturalizadas o encarpetadas y a efecto de ello, aún estamos a la espera de la necesaria e irrenunciable reforma política integral. Cuando se trata de propuestas conducentes a darle sostenibilidad y reforzamiento a una endeble democracia, estas deben asumirse como políticas de Estado, sin ojerizas, con compromiso y desprendimiento, relegando el mezquino cálculo político, priorizando las urgencias normativas y decisiones políticas que demandan las circunstancias; sin embargo, las respuestas van por otra ruta, el desconocimiento que nubla las decisiones, el desinterés como manifestación de su desapego democrático o el convencimiento de que las reglas democráticas están bien y no hay porque alterarlo, y esta es la posición más clara, el statu quo genera privilegios, no las del país, sino las de ellos.
Dos casos nos describen la posición Congresal. Uno, la Bicameralidad fue rechazada en el referéndum-alentada por el presidente-, por la incorporación de una antojadiza y direccionada conceptualización de la cuestión de confianza por el Parlamento, que desnaturalizaba la propuesta original alcanzada por el Ejecutivo. Dos, de las doce iniciativas presentadas por el Gobierno sólo cuatro aprobó el Congreso y ninguna de ellas fueron reformas constitucionales, aunque más adelante y ya con un renovado Parlamento, se aprobaron las modificaciones a los artículos 34 y 93 de la Constitución, sobre impedimentos para ser candidatos y la eliminación de la inmunidad parlamentaria, respectivamente. No fueron aprobadas y que estando en el papel de la propuesta ya advertían, de un problema y una respuesta, la presentación ante el Congreso de un nuevo presidente del Consejo de Ministros no implicaba cuestión de confianza; en caso de asumir la Presidencia de la República el Presidente del Congreso, este debe convocar a elecciones generales, que comprende presidenciales como congresales; la necesidad de exigir mayor transparencia para los cargos lectivos, a través de una exhaustiva publicación de su hoja de vida; ampliar el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional a siete años; y si bien no hay reelección, ampliar el mandato de autoridades regionales y municipales a cinco años, que les permita planificar y ejecutar oportunamente sus planes de gestión.
Pero, aún, de las iniciativas aprobadas y convertidas en ley, el arma legislativa de la “transitoriedad” no permite que se apliquen a plenitud, la paridad y alternancia, se implementará gradualmente; igual acontece con las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias al interior de las agrupaciones políticas, si bien las organizará la ONPE, con resultados vinculantes, por las circunstancias del Covid-19 se ha venido postergando su aplicación; en el caso del financiamiento público de las partidos políticos, es evidente la falta de eficacia en el control y supervisión, que permite distorsiones en su correcto uso; un hecho, muy singular, es la llamada barrera electoral, plasmada en la intención de tener menos y mejores partidos políticos, no puede evitar la desarticulación de la representación parlamentaria, al generarse una atomización de bancadas; la norma que quizás mayor provecho se le viene arrancando, es la que permite reemplazar la firma de adherentes que paso abruptamente de 50,000 a más de 700,000 por la presentación de una relación de militantes con el 0.1% de electores del último proceso, que viene permitiendo el acelerado crecimiento de agrupaciones políticas, colocándonos en el dilema de participación política o segmentación política.
Estas son las contadas reformas que se aprobaron en estos últimos años, avances insuficientes para una anhelada reforma integral; decir que la paridad y alternancia, que las elecciones primarias o flexibilizar las exigencias para constituir agrupaciones políticas en la intención de mejorar la participación política, son motivo de nuestra fracasada representación, es incurrir en ligereza de análisis y rehuir de la responsabilidad de asumir una respuesta mayor. Siendo reformas parciales, estás poco ayudan en mejorar nuestras formas políticas y especialmente la calidad de nuestra representación.
Si esto último es el ángulo más crítico, y con estas reglas de juego electoral, nada garantiza que los representantes que sobrevengan en el futuro serán mejores que los actuales; peor, aún nada garantiza que nuestra incipiente democracia evolucione por los parámetros de las estabilidad y gobernabilidad. Y en ello, se debe insistir, la necesaria reforma política integral, caso contrario seguiremos caminando sostenidos en bases débiles, que nos pondrá en zozobra permanente. Detenernos en modificaciones electorales, ya resulta corta respuesta, pues la coyuntura a puesto al límite institutos constitucionales, que exigen una revisión de nuestro propio sistema político, la figura de la vacancia presidencial, la cuestión de confianza, la disolución, entre otros, requieren de un urgente replanteamiento, caso contrario seguiremos por el sendero de la incertidumbre política.
Si reclamamos reformas legislativas o constitucionales, esto no puede soslayar una responsabilidad mayor, que también está en la responsabilidad del Estado, la de educar, informar y formar una verdadera cultura cívica ciudadana, en la responsabilidad de saber decidir, saber elegir; hacer conciencia de la soberanía del voto, del tremendo poder de decisión que tiene cada ciudadano.