POR: CÉSAR MARÍN CÁCERES
En el Tribunal Constitucional (TC) hay 6 magistrados que ya se les ha vencido su período y deben ser reemplazados por otros funcionarios y para ello se ha nombrado una comisión especial en el Congreso de la República para tal fin, los postulantes tenían plazo para presentar su carpeta de inscripción desde el 22 al 28 de octubre en forma presencial o vía virtual.
Existe un apresuramiento por parte de la mayoría de la Comisión de nombrar a los 6 magistrados antes que termine su mandato de los congresistas el próximo año, ya que incluso no habían fijado un presupuesto para las publicaciones, otro de los errores es que no existe un plazo para resolver los recursos de reconsideración, un postulante no ha podido subsanar cualquier observación, lo cual garantizaría un debido proceso tal como lo señala la ley General de Procedimientos Administrativos Ley 24777 el cual se aplica en forma supletoria a este proceso , y obliga a resolver los cuestionamientos de los administrados. La comisión ha observado a 35 de los 65 postulantes y solo quedan 30 postulantes, los observados pese a que han presentado recursos de reconsideración han sido excluidos.
Debo señalar que, quien escribe esta columna, me he presentado al concurso, he sido excluido solo porque no había presentado el formato 2 “hoja de vida” el cual no se podía descargar, habiéndolo intentado en varias oportunidades y al no poder descargar dicho formato he opté por presentar una hoja de vida propia y he sido excluido junto a otros 34 postulantes sin que se resuelva mi pedido de ser considerado apto.
Ante los cuestionamientos de algunos postulantes los congresistas Gino Costa Santolalla y Rocío Silva Santisteban de Noriega miembros de la Comisión Especial han presentado un pedido al Presidente de la Comisión Rolando Ruíz para que se reconduzca el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, fundamentando su pedido en lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 908-2012-PA/TC (fojas del 6 al 8) que establece que: “ El debido proceso, y el derecho de defensa debe ser siempre respetado no solo en el ámbito judicial sino también en el administrativo e incluso en el privado, lo que incluye a los concursos públicos de méritos. Por ello la Comisión Especial debió dar trámite y resolver los mencionados cuestionamientos. Estaba obligado a hacerlo no solo por consideraciones legales sino prácticas, pues de esa manera hubiera contribuido a transparentar y legitimar sus decisiones”.
Consideramos que el pedido de los congresistas Gino Costa Santolalla y Rocío Silva Santisteban de Noriega miembros de la Comisión Especial tiene fundamento al solicitar que se reconduzca la elección para que haya una nueva revisión de los expedientes y se esa forma no se vulnere los derechos fundamentales de algunos postulantes, ya que había dado lugar a varios cuestionamientos, pero dicho pedido ha sido rechazado el sábado 7 de noviembre por parte de la mayoría de la Comisión de Elección de Magistrados del TC.
Si se hubiera aceptado el pedido de revisar de nuevo los expedientes, la elección de los 6 magistrados que se vaya a elegir se hubiera visto como una elección transparente y legítima, y al ser rechazado el pedido de los congresistas se pone en duda la transparencia de la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Con la sentencia del TC citada en el párrafo anterior cualquier de los 35 postulantes excluidos puede interponer un proceso de amparo con una medida cautelar y conseguir que el Poder Judicial declare nulo y/o sin efecto la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional.
