POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ya no sólo se trata de la carencia de legitimidad en nuestras autoridades nacionales y su natural desconexión con la ciudadanía. Esta vez se añadió con manifiesto descaro la ausencia de políticas públicas o decisiones de gobierno que pudieran, siquiera en grado mínimo de prudencia, bosquejar la construcción de confianzas. Una relevante oportunidad fue la reciente presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno Congresal para recabar el voto de confianza —finalmente se lo dieron—, donde abundaron las redundancias de lo que se dice y no se hace, los mensajes cargados de populismo intrascendente. Fue realmente una oportunidad de mostrarnos este contubernio turbio, bañado de provocación.
Cuando nadie lo advertía y en cortas líneas, el premier Eduardo Arana Ysa lanzó un mensaje en la idea de cerrar filas para una agenda común, como si no la tuvieran en sus públicos afanes de romper con nuestra ya escasa institucionalidad: “No obstante que conforme al artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana, como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema”.
Sin embargo, el Congreso, recogiendo cinco iniciativas legislativas, aprobó un dictamen de la Comisión de Constitución —que luego fuera ratificado por la Comisión Permanente— por el que se propone crear una “Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que se encargue de la revisión de una serie de propuestas que plantean la reforma del sistema internacional de derechos humanos. Esto, pese a que estaban advertidos de que estas son competencias excluyentes del Poder Ejecutivo; debiendo empezar por un diagnóstico del sistema, formular propuestas de reforma de los instrumentos que lo integran y el establecimiento de mecanismos para la elección, en sede interna, de los candidatos que el Perú propone para conformar la Corte IDH.
Lo cierto es que se perseguía con esta comisión proponer la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero esta autógrafa de ley fue observada por el Poder Ejecutivo el 12 de febrero del 2024, con la firma de la propia presidenta Boluarte. Aunque en esta oportunidad es otro el primer ministro que la vuelve a colocar en la agenda, y desde entonces está agendada para discutirse en el Pleno del Congreso. Los argumentos de entonces fueron de técnica reglamentaria e irónicamente se reclamó la vitalidad de un principio fundamental, venido a menos por la inoperancia del propio Ejecutivo: “la separación de poderes”.
Y claro, no cabe otra lectura. Esta iniciativa viene a sumarse a la comparsa legislativa de prescripciones, amnistías, entre tantas medidas de menoscabo a los derechos y libertades constitucionales que nos colocan en una situación de Estado paria, por autoexcluirnos de nuestras responsabilidades internacionales asumidas a través de la ratificación de tratados, a donde acudimos en un sano ejercicio de convicción democrática, donde el Estado es el primer responsable del respeto irrestricto a los derechos de sus ciudadanos.
Se trata de una sistemática y armonizada estrategia que, con cierta regularidad, la ubican en las mesas de trabajo político, en el malintencionado intento de sembrar consensos desinformados, oportunistas y populistas. Cuando hace poco se planteó una solicitud de retiro de las competencias de la Corte Interamericana, el argumento fue recuperar nuestra “soberanía jurisdiccional”, provocando legítimas interrogantes: ¿es nuestra administración de justicia confiable?, ¿despierta en la ciudadanía una percepción de entereza?, ¿son los órganos de nuestro sistema de justicia autónomos? Cuánto quisiéramos una respuesta positiva. La realidad se sobrepone; gana el desazón y la desconfianza hacia nuestra administración de justicia, lo que no nos limita a cifrar nuestras expectativas en que esto revierta y cuanto antes.
Después de la Segunda Guerra Mundial se acentuó la internacionalización de los derechos humanos, acompañada del reconocimiento de la justicia supranacional, precisamente porque la justicia nacional no respondía los clamores de justicia. Fue incapaz de atender y responder, y las consecuencias están dadas con diáfana claridad en la historia universal y en la historia de cada Estado. Nuestro país no podía estar al margen y, en particular, desde nuestra Constitución de 1979 le dimos la regulación constitucional que ameritaba, lo que ha significado un reforzamiento como Estado en el reconocimiento de la dignidad de la persona, con los derechos intrínsecamente ligados a ella.
La justicia internacional, entonces, asume un rol subsidiario: solo si la justicia nacional no alcanza a proteger a los ciudadanos, esta actúa. Allí la exigencia del “agotamiento de las instancias nacionales”; es decir, si nuestros jueces amparan o protegen a las personas ante la vulneración de sus derechos, no hay razón alguna para acudir a esas altas cortes. Si ocurriera lo contrario, estamos habilitados a tocar las puertas no solo del sistema interamericano, sino de cuanto organismo el Perú haya aceptado su autoridad.
No podemos estar en desacuerdo con esta estructura de justicia, donde articulan los jueces nacionales con los jueces internacionales en sus decisiones. Claro está que deben realizarse algunas reformas que impliquen más garantismo y, sobre todo, eficacia en las decisiones, lo que debe ser consecuencia de procesos transparentes, objetivos y distantes de sesgos políticos.
