La corrupción es uno de los más graves problemas y amenazas a la democracia y al desarrollo económico y social de nuestros países.
En Bolivia en plena emergencia sanitaria el ministro de Salud Marcelo Navajas, fue destituido de su cargo, tras revelarse que los 170 ventiladores adquiridos para encarar la pandemia no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos, informes posteriores indicaron que por estos equipos de manufactura española se había pagado un sobreprecio, al haber sido adquiridos a un precio unitario de 27, 683 dólares, cuando otras empresas los ofrecían entre US$10, 312.00 y 11,941.00 dólares, habiéndose pagado una sobrevaloración de US$ 15, 742 dólares por cada ventilador, hoy este funcionario purga prisión preventiva.
En Colombia, la Fiscalía anunció la apertura de investigaciones contra el ministro de Agricultura Rodolfo Zea por presuntas irregularidades en la línea especial de crédito Colombia AGROPRODUCE, creada por el Gobierno, créditos que cayeron en personas que usan este dinero en actividades no productivas.
También se reveló que la Fiscalía colombiana realiza investigaciones en 14 gobernaciones y 55 alcaldías, por casos relacionados con corrupción en dineros destinados por el gobierno en medio de la emergencia sanitaria.
En el Perú, el exministro del Interior Carlos Moran y la exministra de Cultura Sonia Guillen, tuvieron que renunciar, al verse involucrados en actos de corrupción, como es el caso del señor Morán, al haberse descubierto que los implementos de bioseguridad y limpieza adquiridos para efectivos policiales, no fueron los adecuados y estuvieron sobrevalorados; mientras que en el Ministerio de Cultura, se pagó la suma de S/ 30,000.00 soles al señor Ricardo Cisneros, por un supuesto servicio de charlas motivacionales al personal de dicho ministerio, este caso amenaza con salpicar al mismísimo Presidente de la Republica, por sus vinculaciones que tiene con Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing.
Así mismo el Ministerio Publico, informa que viene investigando 506 casos de corrupción en pleno estado de emergencia.
¿Qué ha pasado?, ¿porque precisamente en estos estados de emergencia funcionarios de alto nivel incurren en corrupción?
EN MI ANÁLISIS HE ENCONTRADO 3 MOTIVOS PORQUE SE CORROMPEN:
1.- En los tres países objeto de análisis, las contrataciones estatales, están reguladas por una ley de contrataciones, esta situación faculta a funcionarios de alto nivel, disponer las compras directas, donde se escoge libremente al proveedor, no hay procesos de selección, no hay publicidad de los procesos, no hay ofertas de otros postores, la justificación es que frente a una emergencia se requieren respuestas rápidas en la adquisición de bienes, servicios y hasta en la ejecución de obras. Esto motiva a comprar a personas naturales o jurídicas sin los procesos de selección.
2.- Los órganos de control por ejemplo la Contraloría, ablandan sus acciones de control.
3.- Un tercer motivo es una respuesta, a la pregunta ¿Por qué estos funcionarios de alto nivel se corrompen?, si tienen buenas remuneraciones, beneficios, en Perú, un ministro de Estado percibe un promedio de S/ 30,000.00 mensuales, se por mandato de la ley, se pagan 14 remuneraciones, entonces no hay justificación para delinquir por cuestiones económicas.
Esta interrogante se la hice en marzo del 2017 al Dr. Danilo Lugo, que es un psicólogo especialista en psicología criminal, quien me dijo, ese tipo de delincuente, es un delincuente de cuello blanco, que es una persona supuestamente respetable, con educación superior, tiene poder político y económico, pero es “muy ambicioso”.
“Sus valores son de acuerdo a su codicia” como diría nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa en su novela “El sueño del Celta”; José Antonio Pagola en su obra “Jesús y el dinero “dice; el ansia de acumular riqueza, donde el dinero es el ídolo, que hay que idolatrar, y hace que el sujeto se deshumanice. Esto significa que estos personajes, no tienen en cuenta los valores de honestidad, solidaridad, el placer de servir a los demás y actuar transparentemente, solo piensan en como eludir la Ley, para enriquecerse a costa de su prójimo.
Finalmente, los delincuentes de cuello blanco, conocen la ley penal, saben que los delitos cometidos por funcionarios públicos son graves y tienen penas elevadas. En Bolivia, el delito de peculado tipificado en el artículo 142 del código penal tiene un marco punitivo entre 5 a 10 años, más multa; el delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 150, tiene un marco punitivo entre 5 a 10 años de pena privativa más multa.
En Colombia el delito de peculado tipificado en el artículo 397 del Código Penal, tiene un marco punitivo entre 6 a 15 años, con el agravante de que si el monto de lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad, adicional a esta pena, más multa e inhabilitación por el mismo plazo que la pena impuesta, en cuanto al delito de Interés Indebido en la celebración de contratos, está tipificado en el artículo 409, con un marco punitivo entre 4 a 12 años de prisión, más multa e inhabilitación.
En nuestro país, el peculado está tipificado en el artículo 387 del Código Penal, con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años, más la inhabilitación y multa.
Y algo más grave, en nuestro país, con la expedición del Decreto Legislativo N° 1351, pub. 07/01/2017, la penas por los delitos de peculado, colusión y negociación incompatible son penas efectivas, es decir no hay suspensión de la pena.
