POR: JULIO CESAR FARFÁN VALVERDE
Es preocupante la persistencia de maniobras dilatorias y de blindaje en favor de los principales imputados del caso conocido como “Corrupción 4×4”. Esta vez, el hecho se evidencia en la Disposición Fiscal N.° 26-2025, emitida por el Ministerio Público con fecha 15 de julio de 2025, en la que se programan nuevas diligencias en sede fiscal, incluyendo citaciones a testigos y funcionarios vinculados a presuntos actos de corrupción mediante contrataciones coludidas.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que, a pesar de que dicha disposición señala expresamente que el suscrito Julio César Farfán Valverde, responsable de la Unidad de Investigación del Diario Prensa Regional y autor del reportaje que reveló el caso el 11 de setiembre de 2023, debería prestar declaración el 4 de agosto de 2025, no haya sido formalmente notificado por el Ministerio Público hasta la fecha.
Esta omisión, en un contexto donde se ha intentado reiteradamente acallar a testigos clave, no solo resulta irregular, sino abiertamente sospechosa.
RED QUE SE TRASLADA ENTRE REGIONES
La red habría operado inicialmente en el Gobierno Regional de Arequipa en 2022, donde Verónica Veliz Yampi se desempeñó como jefa del área de Adquisiciones. Desde ese cargo, según documentos y testimonios, habría favorecido a empresas ligadas a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, pareja de Katherine Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala.
Actualmente, Veliz ocupa el cargo de jefa de Logística de la Subregión Ilo, dependiente del Gobierno Regional de Moquegua. Lejos de romper con esta estructura, el aparato regional en Moquegua la habría replicado y fortalecido beneficiando a nuevas empresas que “casualmente” provienen de la ciudad de Arequipa.
Las contrataciones sospechosas se han mantenido a lo largo de 2023, 2024 y 2025 repitiendo el mismo patrón: direccionamiento y uso de múltiples razones vinculadas entre sí para favorecer a empresas ligadas a Gilia Gutierrez Ayala.
OBSTRUCCIÓN Y SILENCIAMIENTO DE TESTIGOS
Según fuentes, audios, videos y documentación reservada, desde el entorno de la gobernadora se habrían realizado esfuerzos sistemáticos para obstaculizar la investigación. Entre ellos:
- Ofrecimientos de contratos laborales, servicios a testigos próximos a declarar.
- Ocultamiento o desaparición de documentación clave en Logística y Obras.
- Designación de funcionarios aliados en áreas estratégicas como Logística, Administración del área de Adquisiciones.
- Rotación de imputados en caso corrupción 4×4 a otros puestos laborales dependientes al Gore Moquegua y Subregión Ilo.
Una evidencia particularmente grave es el audio que accedió Prensa Regional, en el que se escucha a Veliz Yampi ofrecer contratos de camionetas a un testigo clave del caso corrupción 4×4, días antes de su declaración. Esta práctica constituye un intento de cooptación y manipulación de la prueba testimonial, y configuraría el delito de obstrucción a la justicia (art. 409-A del Código Penal), así como cohecho activo genérico.
FISCALÍA OMISA, PODER POLÍTICO ACTIVO
Mientras tanto, Víctor Arturo Muñoz Leyva, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua y encargado del caso, no ha demostrado un impulso diligente ni acorde con la gravedad de los hechos. No solo ha omitido notificar formalmente a testigos clave, como el periodista denunciante, sino que además ha dejado sin ejecutar diligencias urgentes, a pesar de contar con abundante prueba documental y audiovisual desde hace más de un año.
Incluso ha sido necesario reiterar citaciones bajo apercibimiento de conducción compulsiva a los siguientes implicados que no asistieron a sus primeras convocatorias:
Carlos Alberto Calderón Salas, ingeniero y funcionario del GORE Moquegua; Anastacio Cutipa Choque, chofer de extrema confianza de la gobernadora; y Frankie Darío Romero Cacallica, inspector técnico vehicular del GORE Moquegua. Todos ellos firmaron el acta de inspección de la camioneta Toyota de color rojo, 4×4, de placa VCF-948, adulterando información para que Luis Sanca Umiyauri, “cuñado” de la gobernadora regional, pudiera cobrar por el servicio de alquiler en la ciudad de Moquegua, cuando dicho vehículo, ese mismo día y mes, estaba contratado y prestaba servicios en la Subregión Ilo.
Asimismo, Christian Fernando Soto Gutiérrez, primo de extrema confianza de Gilia Gutiérrez Ayala, tampoco asistió a declarar, pese a que él habría sido quien se encargaba del mantenimiento, de las gestiones ante la Subregión Ilo y el GORE Moquegua respecto a las contrataciones, de coordinar al personal y, vía celular, de pagar y depositar en sus cuentas bancarias a los conductores de las camionetas 4×4. Era, en los hechos, la persona de fachada para ocultar al verdadero o verdaderos propietarios de dichos vehículos.
Todos ellos evidencian un comportamiento de dilatar el proceso y estarían cumpliendo una estrategia de obstrucción a la justicia, porque tampoco han asistido a la última citación para el día 04 de agosto de 2025, pese a estar bajo apercibimiento de conducción compulsiva.
También fueron citadas como testigos las amigas incondicionales de la gobernadora, Yolanda Ccallata Cueva y Frescia Nohely Vega Torres, ambas integrantes del comando de campaña de Gilia Gutiérrez Ayala, del partido Somos Perú, quienes deberán declarar sobre la participación de Luis Yonathan Sanca Umiyauri en dicha campaña electoral del año 2022.
PODER POLÍTICO, OMISIÓN FUNCIONAL Y UN SISTEMA ESTRUCTURADO DE IMPUNIDAD
La conducta de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala debe ser examinada también bajo la óptica de la obstrucción institucional: ha mantenido en sus cargos a operadores denunciados, utilizando el aparato estatal para blindar a su entorno personal y político, lo cual podría configurar encubrimiento personal (art. 404 del Código Penal) y omisión de deberes funcionales, sancionable por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
A este preocupante escenario se suma un fenómeno igualmente corrosivo: ciertos periodistas y medios de comunicación locales han optado por callar. Pese a la abundante evidencia en perjuicio de la administración pública, han optado por priorizar sus intereses personales, familiares o empresariales en lugar de informar con transparencia.
Según fuentes cercanas, esta conducta respondería a favores, pagos encubiertos o beneficios gestionados desde el propio entorno regional, convirtiendo al periodismo en un instrumento más del blindaje político.
Estamos ante un caso que no solo revela delitos graves como colusión agravada y tráfico de influencias, sino también una estrategia de protección institucional cuidadosamente diseñada: se silencian testigos, se fragmentan contratos, se omiten diligencias fiscales, se instrumentaliza el poder político y se coopta a medios de comunicación.
