POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Empezando el 2019, José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima Metropolitana, decidió acogerse a la colaboración eficaz, tras dos años de investigación fiscal en contra de Odebrecht y OAS, sindicadas de haber otorgado coimas a distintas autoridades políticas y en diferentes gobiernos a cambio de adjudicaciones de obras a precios sumamente inflados. A partir de ese momento, “Budían”, apelativo con que era conocido el exfuncionario edil al interior de Odebrecht, empezó a brindar información sobre la trama corrupta para financiar las campañas por el “NO” a la revocatoria en 2013 y a la reelección de Susana Villarán.
Luego de meses, y ante la evidencia mostrada en un audio entre Castro, Villarán y Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la citada gestión, reconociendo haber recibido sobornos, a la “tía regia” no le quedó alternativa que aceptar públicamente la ilegalidad cometida, precisando que Castro fue el intermediario de recepcionar el dinero sucio a las arcas de las mencionadas campañas.
Por esta confesión, Villarán de la Puente estuvo recluida en el penal, hasta que llegó la pandemia del Covid-19 y fue liberada, viéndosele en diversas ocasiones veraneando cómodamente en un balneario del sur de nuestra capital. Seis años después, el Ministerio Público, con el polémico José Domingo Pérez, se acordó del caso y anunció el inicio del juicio oral para el 23 de septiembre pasado; sin embargo, el 30 de junio último, Castro amaneció sin vida en su domicilio con un profundo corte en el cuello de 14 cm. Indicios preliminares, entrevistando a expertos en criminalística, concluyeron que era imposible que el finado se autolesionara fatalmente. Pero, extrañamente, el 22 de agosto, el fiscal encargado de evaluar las causas del deceso, Richard Rojas, decretó secreta la misma, hasta hoy.
Aun así, comenzó el mentado juicio, teniendo al frente a una relajada Susana, corroborando la entrega de “aportes” que no fueron US$ 11 millones, y afirmando que no existe vinculación de estos con actos de corrupción, puntualizando que su gestión fue “transparente”. De esto último, Jorge Villena, exregidor de oposición en la signada administración, afirmó que “los tratos que tiene un concesionario con un concedente están regulados por ley; yo no le puedo pedir un aporte de campaña a un concesionario porque evidentemente no sería un pedido”. En suma, sobornos, pues la fiscalía ha requerido 29 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, entre otros.
En paralelo, en octubre de 2020, Martín Vizcarra, entonces presidente de la República, reconoció que, en diciembre de 2013, mientras era gobernador regional de Moquegua, coordinó directamente con Obrainsa para el alquiler de una avioneta que trasladó a funcionarios de dicha entidad a Bolivia, agregando que este trámite fue “totalmente transparente”, toda vez que la empresa asumió los gastos de vuelo por “responsabilidad social”. Lo inconsistente —por ser bondadoso en el término— es que la solicitud de Vizcarra Cornejo se dio cuando estaba en trámite de adjudicación la obra “Lomas de Ilo”, y Obrainsa participaba como postor, que a los días “casualmente” ganó. En resumen, soborno, pues el titular de la acción penal pide 15 años de cárcel, acusándolo de cohecho pasivo propio.
Ambos personajes, aupados por los caviares y en libertad a la fecha, hacen de la confesión un ritual de victimización.
