POR DR. PHD JAVIER FLORES AROCUTIPA
En Arequipa, Moquegua y Tacna, el perfil educativo de los ingresantes a los centros penitenciarios administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) permite identificar un patrón estructural claro y persistente: la privación de libertad afecta mayoritariamente a personas sin educación superior, tanto en términos absolutos como porcentuales.
Del total de 4 695 ingresantes a las cárceles del sur costero peruano, la gran mayoría se concentra en los niveles de educación primaria y secundaria, completas o incompletas. En conjunto, estos niveles explican aproximadamente el 86 % del total de internos, destacando la secundaria completa (2 297 personas, cerca del 49 %) y la secundaria incompleta (1 123 personas, alrededor del 24 %).
En contrario, quienes accedieron a educación superior universitaria y no universitaria, sumando completos e incompletos, representan apenas 630 personas, es decir, aproximadamente el 13 % del total. La presencia de analfabetismo, aunque minoritaria en términos relativos, sigue siendo significativa desde una perspectiva de derechos y exclusión social.
Estos datos confirman empíricamente que el sistema penitenciario no es socialmente neutro. La cárcel, en la práctica, se configura como un espacio que concentra a los sectores más vulnerables y empobrecidos, aquellos que no lograron desarrollar capital humano suficiente debido a trayectorias educativas truncas, precariedad económica y limitadas oportunidades de inserción laboral. La ausencia de educación superior no solo reduce las probabilidades de empleo formal, sino que también restringe el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y técnicas que actúan como factores protectores frente a la criminalidad.
