El Poder Judicial revocó hoy la orden de prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y dispuso que cumpla comparecencia con restricciones en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La decisión fue tomada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, que dispuso la inmediata libertad de Fujimori Higuchi.

Con esta decisión, la sala resuelve la apelación a la orden de prisión preventiva por 15 meses planteada por la defensa de Keiko Fujimori, investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.

La sala ordenó a Keiko Fujimori no ausentarse de la ciudad de su domicilio fijado ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado que tiene competencia sobre su caso.

Deberá, además, hacer el control biométrico cada 30 días, informar sus actividades ante el referido juzgado, presentarse ante las autoridades judiciales y fiscales que la requieran y no comunicarse con los coimputados o testigos.

Se le impuso también una caución económica de 70 mil soles en un plazo de cinco días hábiles.

Entre los argumentos planteados por la Sala, señala que la medida de prisión preventiva no se justifica en el caso de Keiko Fujimori, dado no es la más adecuada para garantizar de mejor manera el desarrollo de las investigaciones por los delitos atribuidos por el Ministerio Público.

“El confinamiento de la investigada en un penal no garantiza que ésta pudiera seguir utilizando esos u otros terceros para amenazar o inducir a los referidos órganos de prueba, en cambio, bajo apercibimiento de revocarse la medida puede conseguirse mejores resultados”, indica.

Considera también que en la actual coyuntura de brote de coronavirus, se debe tomar en cuenta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los penales, incluido la reevaluación de los casos de prisión preventiva.

La lideresa de Fuerza Popular cumple prisión preventiva de 15 meses desde el pasado 28 de enero de 2020 en el Penal Anexo de Chorrillos, por disposición del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que acogió un pedido del equipo especial Lava Jato.