POR: PATRICIA MUÑUICO CHOQUE (SEGUNDO PUESTO -DERECHO- PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS)      

Aunque el derecho al acceso a la justicia está implícito en principios constitucionales como la igualdad y la protección de los derechos humanos, en la práctica, este acceso está comprometido debido a factores económicos, lingüísticos, culturales y geográficos.

Las barreras lingüísticas son especialmente problemáticas para las comunidades que hablan lenguas como el quechua, aimara o lenguas amazónicas, ya que la ausencia de traductores limita su capacidad para defenderse adecuadamente en el sistema judicial. La geografía también presenta desafíos significativos, ya que muchas comunidades rurales están alejadas de los centros judiciales, lo que dificulta el acceso a un juez o defensor.

Además, la pobreza actúa como un impedimento crítico, ya que los costos asociados con los procesos judiciales son inalcanzables para muchas personas en situación de pobreza o pobreza extrema. Aunque existen algunas medidas para exonerar las tasas judiciales, la escasez de defensores públicos agrava la situación, dejando a muchos ciudadanos sin representación adecuada.

Otro aspecto importante es la coexistencia de sistemas de justicia comunal, basados en costumbres locales, y el sistema judicial formal. Aunque la Constitución reconoce la facultad de las comunidades para ejercer justicia según sus costumbres, la falta de respeto del sistema formal hacia estas prácticas genera tensiones y desconfianza.

La conclusión del texto subraya que, en Perú, el acceso a la justicia es percibido como un privilegio de pocos y no como un derecho universal. Se hace un llamado urgente a implementar reformas que eliminen estas barreras y garanticen la equidad en el acceso a la justicia, asegurando que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.