POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Jorge Luis Salas Arenas, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se revelara que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo sigue figurando como afiliado al partido Perú Primero, pese a que su inhabilitación política le impide no solo postular a cargos públicos, sino también pertenecer a una organización política.
Esta situación no es un simple descuido administrativo. Se trata de un flagrante incumplimiento de la Constitución y del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, lo que pone en tela de juicio la independencia y legalidad de las decisiones del Pleno del JNE.
UNA OMISIÓN DELIBERADA PARA PROTEGER A VIZCARRA
El pasado 9 de junio de 2023, el JNE emitió la Resolución N° 0094-2023-JNE, en la que reconoció que Vizcarra Cornejo está impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de Perú Primero. Sin embargo, el organismo evitó pronunciarse sobre su permanencia como afiliado, a pesar de que los apelantes del caso advirtieron expresamente que el exmandatario está constitucionalmente impedido de ejercer derechos de participación política.
La inhabilitación impuesta por el Congreso de la República, mediante las Resoluciones Legislativas N° 020-2020-2021-CR y N° 016-2021-2022-CR, tiene un alcance claro: Vizcarra no solo no puede fundar o liderar un partido, sino que tampoco puede afiliarse a uno. No obstante, el JNE ha optado por hacerse de la vista gorda y permitir que Vizcarra continúe en el padrón de afiliados de Perú Primero, desobedeciendo un mandato constitucional.
LOS MAGISTRADOS DEL JNE: ¿PREVARICATO Y FALTA DE DEBER DE FUNCIÓN?
La omisión del Pleno del JNE en este caso no puede interpretarse como un simple error. Se trata de una decisión que bordea el prevaricato, ya que los magistrados han permitido la vulneración de un mandato constitucional y han ignorado el precedente vinculante del Tribunal Constitucional en el Expediente 3760-2004-AA/TC.
Los actuales magistrados del JNE tienen la obligación de aplicar correctamente el precedente constitucional, pero su silencio ha permitido que Vizcarra siga participando en la vida política a pesar de estar inhabilitado.
¿DELITO DE OMISIÓN DE FUNCIONES?
El Código Penal Peruano establece sanciones para los funcionarios públicos que, a sabiendas de la ilegalidad de una situación, no adoptan las medidas necesarias para corregirla. En este caso, la inacción del JNE podría configurar el delito de omisión de funciones o incluso abuso de autoridad, pues han permitido que un inhabilitado permanezca en un partido político, cuando su deber era hacer cumplir la ley y las sentencias constitucionales.
El Tribunal Constitucional ya sentenció: Vizcarra no puede pertenecer a un partido político
El Tribunal Constitucional (TC) fue categórico en su sentencia 3760-2004-AA/TC, estableciendo que la inhabilitación política no solo impide postular a cargos públicos, sino que también prohíbe a la persona sancionada fundar, organizar, pertenecer o representar una organización política.
Este criterio no es opcional ni sujeto a interpretación. Es un precedente vinculante, lo que significa que todas las entidades del Estado, incluido el JNE, están obligadas a cumplirlo. Sin embargo, los magistrados del JNE han optado por ignorar esta norma, permitiendo que Vizcarra siga en el padrón de afiliados de Perú Primero.
¿QUIÉN PROTEGE A VIZCARRA DENTRO DEL JNE?
La pregunta que surge es: ¿por qué los magistrados del JNE han permitido esta irregularidad?
Las opciones son dos: negligencia absoluta o complicidad deliberada.
No es un secreto que Martín Vizcarra ha mantenido influencia en algunos sectores del aparato estatal. La falta de acción del JNE podría responder a intereses políticos que buscan mantenerlo en la esfera pública, pese a su sanción.
UN ESCÁNDALO QUE DEBE TENER CONSECUENCIAS
El caso de Martín Vizcarra y su permanencia en el padrón de Perú Primero es una prueba contundente de que el JNE no está cumpliendo con su deber de garantizar el respeto a las normas constitucionales. La inacción de sus magistrados no solo afecta la legalidad del sistema electoral, sino que sienta un peligroso precedente de impunidad para los políticos sancionados.
La ciudadanía y las instituciones fiscalizadoras deben exigir una respuesta inmediata del JNE. Si este organismo no corrige su decisión y expulsa a Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero, sus magistrados deberán responder ante la justicia por haber permitido la violación de la Constitución y el orden democrático. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo de impunidad en el Perú?
