El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el partido político Perú Primero contra la desafiliación de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex presidente de la República, de dicha organización política.
La desafiliación fue ejecutada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE, en cumplimiento de las Resoluciones Legislativas N.º 020-2020-2021-CR, del 16 de abril de 2021, y N.º 016-2021-2022-CR, del 12 de mayo de 2022, mediante las cuales el Congreso de la República dispuso la inhabilitación de Vizcarra para ejercer funciones públicas.
En un comunicado oficial, el máximo organismo electoral dio a conocer que, tras revisarse el expediente en audiencia pública celebrada este viernes 6 de junio, se publicó el resultado de la votación del caso en su portal institucional (www.jne.gob.pe).
Asimismo, se informó que la resolución con los fundamentos legales que respaldan la decisión adoptada por el Pleno del JNE será publicada en los próximos días en la misma página web y en el Diario Oficial El Peruano.
Cabe señalar que la inhabilitación de Vizcarra Cornejo fue aprobada por el Congreso en 2021, a raíz de los presuntos hechos de corrupción detectados durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
EL FACTOR CAYA
La solicitud para retirar al exmandatario Martín Vizcarra del registro de afiliados del partido Perú Primero fue presentada el pasado 10 de marzo por Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, quien se basó en jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).
Se trató de una batalla jurídica y política emprendida por Caya desde inicios de este año, quien cuestionó duramente la posición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entonces presidido por Jorge Luis Salas Arenas, al revelarse que hasta marzo de 2025 Martín Vizcarra Cornejo seguía figurando como afiliado al partido Perú Primero, a pesar de que sobre él pesaba una inhabilitación que le impedía no solo postular a cargos públicos, sino también afiliarse a una organización política.
Caya sustentó su posición mediante artículos periodísticos publicados en La Prensa Regional, medios nacionales y comunicaciones dirigidas al propio JNE, señalando que la permanencia de Vizcarra en el padrón partidario no era un mero descuido administrativo, sino un flagrante incumplimiento de la Constitución y del precedente vinculante emitido por el TC.
El sustento de su exigencia se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional N.º 3760-2004-AA/TC, que establece categóricamente que la inhabilitación política impide no solo postular a cargos públicos, sino también fundar, organizar, representar o pertenecer a una organización política.
Este criterio no es opcional ni sujeto a interpretación, sino que constituye un precedente vinculante, lo que implica que todas las entidades del Estado, incluido el JNE, están obligadas a cumplirlo. No obstante, durante la gestión anterior, el colegiado del JNE permitió que Vizcarra siguiera figurando en el padrón de afiliados de Perú Primero, pese a esta restricción legal.
Con la llegada del nuevo presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, recayó en su gestión la responsabilidad de atender la demanda presentada por Caya Salazar. Finalmente, el 3 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció formalmente respecto a las resoluciones de inhabilitación emitidas por el Congreso y a la solicitud presentada por el exconsejero regional y colaborador de La Prensa Regional, quien había emplazado públicamente a los magistrados del JNE a cumplir con la ley.
Así, Martín Alberto Vizcarra Cornejo fue retirado del registro de afiliados del partido Perú Primero en el Sistema del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
El proceso concluyó el viernes 6 de junio, cuando el máximo organismo electoral evaluó la apelación presentada por el partido Perú Primero, agrupación liderada por Vizcarra, y determinó que la decisión de desafiliarlo fue válida y conforme al marco legal.
Con esta decisión, el JNE ratifica la ejecución de la sanción impuesta por el Parlamento y reafirma que Martín Vizcarra no puede participar activamente en la vida partidaria mientras se mantenga vigente su inhabilitación constitucional.
