La propuesta del gobierno de Keiko Fujimori para modificar normas ambientales y disposiciones aplicables en áreas naturales protegidas genera interrogantes sobre sus posibles repercusiones en espacios sensibles de Islay.
Los cambios forman parte del pedido de facultades legislativas presentado al Congreso. El planteamiento busca reducir los tiempos de aprobación de proyectos de inversión mediante la simplificación de permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales.
En la provincia, la propuesta adquiere especial relevancia por la presencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y de otros sectores de valor ecológico próximos a la desembocadura del río Tambo. Aunque estos últimos no cuentan necesariamente con la misma categoría de protección, resultan importantes para el equilibrio natural de la zona.
PREOCUPACIÓN POR LOS PLAZOS
Consultado sobre las posibles implicancias para Islay, el economista y analista político mollendino Javier Guillén Sosa consideró necesario conocer con precisión cómo se aplicarían las modificaciones. “Tiene que verse la reglamentación, cuáles son los alcances y los objetivos”, declaró.
Uno de sus principales reparos está relacionado con la posibilidad de que los inversionistas obtengan respuesta a determinados trámites ambientales en periodos muy breves, incluso en un plazo de diez días.
“Lo que a mí me está preocupando son los plazos”, afirmó Guillén Sosa, quien consideró que las evaluaciones vinculadas con proyectos de inversión requieren una revisión especial del Ministerio del Ambiente.
A su juicio, los estudios correspondientes deben permitir que las entidades competentes analicen las posibles consecuencias antes de otorgar una autorización.
POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES
Guillén Sosa advirtió que una aplicación apresurada o poco clara podría provocar rechazo entre los habitantes de las zonas involucradas.
“Esto va a traer como consecuencia problemas sociales”, sostuvo al señalar que podrían producirse protestas si la población percibe que las inversiones avanzan sin suficientes garantías para el entorno natural.
El analista planteó que cualquier modificación debe equilibrar la promoción de inversiones con la conservación y la participación ciudadana. “Lo principal es el respeto al ecosistema y también a la gente que está alrededor”, expresó.
