POR: JULIO CESAR FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Samegua, Juan Antonio Eyzaguirre Barrios, y los miembros del concejo municipal, así como el procurador público de la entidad, por presuntos delitos relacionados con la omisión de denuncia y el otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles.
La decisión fiscal se formalizó mediante la Disposición Fiscal N.° 01-2025-MP-DFM-FPP-FPPCMN-1DF, de fecha 5 de noviembre de 2025, emitida por la Fiscalía Penal Corporativa – Primer Despacho Fiscal de Mariscal Nieto, en el marco de la Carpeta Fiscal N.° 3204-2025. La investigación está a cargo del fiscal adjunto provincial Roberto Miguel Giraldo Cadillo, bajo la dirección del fiscal provincial penal Ramiro Molina Zeballos.
¿DE QUÉ SE TRATA REALMENTE EL CASO?
El caso en concreto está relacionado con un terreno privado registrado en la SUNARP bajo la partida electrónica N° 05002742, propiedad de Wilmer Javier Robledo del Águila, ubicado en Pasaje Cerrillos, área de 4800 m2. El denunciante ha presentado pruebas ante la Fiscalía que respaldan su acusación de que la Municipalidad de Samegua utilizó dinero público en su propiedad, generando la lotización de la zona y permitiendo que a los invasores se les instale los servicios básicos.
Incluso, el Ministerio Público señala que la propia municipalidad habría reconocido formalmente la propiedad del denunciante mediante una Resolución Gerencial de Planeamiento y Control Urbano emitida en el año 2019. No obstante, de manera paralela, se habrían facilitado trámites y beneficios a terceros, lo que evidenciaría una actuación irregular y contraria al marco legal vigente.
LOS HECHOS CENTRALES SON TRES:
Uso de dinero público en terreno privado: El denunciante sostiene que la Municipalidad Distrital de Samegua ejecutó obras públicas en su predio privado y permitió la instalación de servicios como agua y desagüe sin contar con la autorización del propietario. Este acto, según la Fiscalía, no solo constituye una irregularidad administrativa, sino que también podría implicar un delito de malversación de fondos públicos, ya que el terreno no es municipal, sino propiedad privada reconocida por la misma municipalidad.
Existían órdenes expresas de no tocar el predio: Un punto clave en este caso es que existen resoluciones de alcaldía (Res. A-346-2015 y Res. A-012-2016) que ordenaban la inhibición de todo trámite administrativo sobre el predio en cuestión, debido a un conflicto jurídico en curso.
Esto significa que, legalmente, la municipalidad tenía prohibido realizar cualquier acción sobre el terreno, ya sea en términos de autorización de trámites, reconocimiento de derechos sobre el predio o la instalación de servicios.
Sin embargo, a pesar de estas restricciones, según la denuncia y lo que ha documentado la Fiscalía, se permitieron trámites administrativos, se reconocieron derechos a personas ajenas al predio y se facilitaron servicios básicos como agua y desagüe, todo ello en franca violación de las resoluciones vigentes.
Actos irregulares y conflictos jurídicos: El expediente también señala que, en paralelo a estas resoluciones, el municipio facilitó trámites administrativos a personas no autorizadas para que pudieran acceder a los servicios públicos, y permitió el uso del predio en un contexto legalmente prohibido.
Esta situación se agrava aún más por la falta de supervisión adecuada sobre el manejo de los recursos públicos y por la presunta colaboración de funcionarios municipales en estos actos irregulares, lo que pone en duda la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por la administración local.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía ha dispuesto una investigación preliminar que se llevará a cabo en un plazo de 30 días naturales. Se está analizando la participación de los funcionarios municipales en este proceso y se están realizando diligencias como la declaración de los investigados, la recolección de testimonios y la verificación de documentos que podrían evidenciar irregularidades en el manejo de los recursos públicos. El objetivo de esta investigación es determinar las responsabilidades penales y administrativas de los involucrados y garantizar el cumplimiento de la ley.
La disposición fiscal comprende como investigados al alcalde distrital Juan Antonio Eyzaguirre Barrios; a las regidoras y regidores Dolly Dávila Gonzales, David Gary Vilca del Carpio, Antony Martin Llaiqui Aquise, Zuleyka Cristine Rodríguez Sánchez y Juana Raquel Monserrate Flores; así como al procurador público municipal Marcos Alex Nina Copacati, además de otras personas que resulten responsables en el curso de la investigación.
