POR: ABG. SANTOS COHAILA FLORES
Según un informe de la Cámara de Comercio de Lima, en 2023, 9,338 funcionarios públicos fueron presuntamente involucrados en actos de corrupción, lo que representa un aumento del 7% en comparación con 2022, según la Contraloría General de la República (CGR).
Ese mismo año, se estimaron pérdidas por corrupción de S/ 24,268 millones, lo que equivale al 12.7% del gasto nacional. La provincia del Callao fue la más afectada, con un 17.9% del gasto desviado, equivalente a S/ 1,227 millones.
Otras regiones con alta incidencia de corrupción incluyen Tumbes (17.5%, S/ 306 millones), Ucayali (16.5%, S/ 452 millones) y Piura (16.2%, S/ 1,501 millones), donde más de S/ 16 por cada S/ 100 gastados habrían sido desviados.
Las áreas más vulnerables a la corrupción fueron las inversiones en obras, con un 17.5% de incidencia (S/ 8,963 millones), y la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional, con un 17.2% (S/ 8,836 millones).
Según un informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), reducir la percepción de corrupción está vinculado a un mayor desarrollo económico, ya que la corrupción disminuye la competitividad y eficiencia, afectando la inversión en sectores clave como salud y educación. El BCRP estima que un control más estricto de la corrupción podría aumentar el crecimiento del PBI per cápita en 0.6 puntos porcentuales, alineándolo con los niveles de la OCDE.
En cuanto a las sanciones, en Perú, los beneficios penitenciarios aplican incluso para condenados por corrupción, siempre que no se limite su acceso a estos. En contraste, Singapur, con una de las tasas de corrupción más bajas del mundo, implementa severas penas desde mediados del siglo pasado, como condenas de al menos 10 años de prisión y multas de 100,000 dólares por soborno, además de controles financieros estrictos para los empleados públicos. En China, las penas pueden ser extremas, como la pena de muerte impuesta a un exdirector general en 2023 por sobornos de US$ 154 millones.
