La Contraloría General iniciará acciones en la vía civil y recomendará el deslinde de presunta responsabilidad administrativa en contra cuatro funcionarios de la Red de Salud Ilo del año 2020, por la entrega irregular de la bonificación extraordinaria por COVID-19 en favor de 40 trabajadores administrativos de los establecimientos de salud, situación que ocasionó un perjuicio económico de S/ 106 560.
El Informe de Control Específico N° 001-2022-2-0829-SCE reveló que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, un total de 40 servidores administrativos de los regímenes del D.L. 276 y D.L. 1057 fueron beneficiarios del Bono COVID, ascendente a S/ 720 por mes; pese a que no cumplían con lo indicado en la normativa vigente.
El artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 026-2020 señala que la bonificación está destinada al personal de salud que presta servicios de alerta y respuesta ante la COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos hospitalización, o que realicen vigilancia epidemiológica y visitas domiciliarias a pacientes con tratamiento ambulatorio.
Por su parte el Decreto de Urgencia N° 053-2020-EF, amplió el beneficio del bono para el personal administrativo y estableció además los criterios para identificar a los beneficiarios de dicha retribución económica, incluyendo al personal que se desempeñan como choferes de los equipos de Emergencia Rápida, personal que integra los equipos humanitarios de recojo de cadáveres y el personal que realiza servicios de admisión, mantenimiento, limpieza, despacho y entrega de equipos e insumos en los establecimientos de salud relacionados al COVID-19.
La Comisión Auditora halló presunta responsabilidad civil en quien ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de la Red de Salud Ilo y la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos. También halló presunta responsabilidad administrativa en quienes se desempeñaron como jefe de la Oficina de Administración y de la unidad de Asesoría Jurídica.
El informe se comunicó a la titular de la Red de Salud Ilo para que inicie el deslinde de responsabilidades y se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General el inicio de las acciones en la vía civil.