El ex director de la UGEL Islay, Juan Luque Chipana y otros cuatro funcionarios de esa institución, resultaron involucrados con presunta responsabilidad civil y administrativa, por aprobar incrementos remunerativos en favor de trabajadores de la UGEL, generando un perjuicio económico a la entidad por un monto de S/ 341,752.92 durante los años 2019 y 2020.
Esta información está sustentada en el Informe de Control Específico N° 009-2021-2-0710-SCE de la Contraloría General de la República, publicado el 10 de enero de 2022.
LOS IMPLICADOS
Así, además de Juan Pedro Luque Chipana, la responsabilidad alcanza a Clara Ángela Campos Ticona, administradora; Julio Felipe Riega Quintana, abogado; Jorge Luis Salas de la Vega, especialista administrativo y Aldo Santiago Huambachano Gutiérrez, técnico responsable de planillas; quienes, según el informe, a pesar de presentar sus comentarios, éstos no desvirtúan los hechos con evidencia de irregularidad, configurándose de este modo presuntas responsabilidades civiles y administrativas.
RESOLUCIONES CONTROVERSIALES
Según el extenso documento, el órgano de control, advierte la existencia de las resoluciones directorales 663 y 871-2019, del 31 de mayo y 20 de agosto de 2019, respectivamente, en donde se revela la inobservancia del marco legal respectivo para el incremento de planillas de 17 trabajadores de la sede administrativa de la UGEL comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276.
La Contraloría, detalla que Luque Chipana, ex director de la UGEL, suscribió y emitió las resoluciones contraviniendo disposiciones presupuestales y legales de alcance regional y nacional, incluyendo la Constitución Política, dado que la UGEL Islay, según el informe, no tiene competencia para tal fin, debiendo haber tenido la opinión y emisión de informes de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, algo que nunca ocurrió.
El asunto surge con la Resolución Ejecutiva Regional N° 517-2018-GRA/GR del 14 de setiembre de 2018, cuando la entonces gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio aprobó un informe de nuevos montos de las planillas del personal de la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y de unidades no ejecutoras, lo cual no alcanzaba a la UGEL Islay. A pesar de ello, Luque Chipana aprobó con la resolución 663, el cuadro general de remuneraciones para el incremento remunerativo, modificada con la resolución 871 del año 2019.
TRABAJO ARTICULADO
Sin embargo, Luque Chipana, al ser en ese entonces el director de la UGEL, como responsable del pliego, no es el único a quien afecta estas presuntas irregularidades, pues para emitir estas resoluciones, se gestó todo un trabajo articulado entre diversas áreas de la UGEL, iniciándose con el pedido del sindicato de trabajadores, contando luego con una serie de informes y opiniones técnicas, legales y administrativas de los otros cuatro funcionarios a quienes, inclusive, les benefició la “actualización de planillas”, pese a estar prohibido.
COMPETENCIAS DE UNIDAD EJECUTORA
Se precisa, además, que la UGEL Islay, al ser unidad ejecutora desde el 2016, no tiene categoría de pliego presupuestal, estando sujeta en ese orden al GRA, por lo que las resoluciones directorales de la UGEL trasgredieron la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
SIN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Por si fuera poco, dentro de la investigación de la Contraloría, se detectó que la aprobación de estas resoluciones se dio sin contar previamente con la disponibilidad presupuestaria, la cual recién se dio el 17 de octubre de 2019, casi dos meses después de la emisión de la última resolución. Para variar, la efectividad de las resoluciones se aplicó con retroactividad.
ACCIONES LEGALES
Ahora, queda en manos de la actual directora de la UGEL Islay, Dra. Sonia Castro Cuba-Sayco, por encargo de la Contraloría, realizar las acciones correspondientes para el deslinde de las responsabilidades del personal involucrado en este caso.
Pero no basta con eso, pues el procurador público de la Contraloría deberá iniciar las acciones legales civiles contra los implicados en el informe.