Tras dos días de intensas reuniones en el distrito de Ichuña, los representantes de la sociedad civil, autoridades locales y el Gobierno Regional de Moquegua acordaron solicitar al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) una ampliación de 30 días para la mesa técnica de diálogo instalada con la empresa minera Buenaventura, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo sobre el monto del aporte social que la compañía debe destinar al distrito.
La mesa de diálogo, conformada mediante resolución ministerial, tiene por objetivo resolver los desacuerdos entre la población de Ichuña y la minera San Gabriel de Buenaventura. La principal controversia radica en la propuesta económica: la sociedad civil exige un aporte del 3 % de la utilidad operativa, que equivale a aproximadamente S/ 6.3 millones anuales, mientras que Buenaventura ha planteado un monto menor, ofreciendo hasta el momento un adelanto de S/ 5 millones y la ejecución de proyectos para suplir la diferencia.
Richard Benavente, director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua, indicó que la fórmula presentada se basa en experiencias internacionales y permite establecer un marco técnico objetivo. Sin embargo, pese a que la empresa reconoció la validez del modelo propuesto, aún no accede al porcentaje planteado por la población.
Ante la proximidad del vencimiento del plazo de la mesa de diálogo, las partes involucradas decidieron solicitar formalmente la prórroga del espacio de negociación mediante una nueva resolución ministerial. La ampliación permitiría continuar con las discusiones, especialmente en los ejes económico, de empleabilidad y medioambiental.
En cuanto a la empleabilidad, se evidenció un reclamo persistente de los dirigentes por la baja contratación de personal local. Según el informe presentado, de 500 puestos laborales generados entre enero y mayo de este año, solo 179 fueron ocupados por trabajadores de Ichuña, 39 por personal de la región y el resto por foráneos.
Además, se exigió a Buenaventura revisar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y corregir las deficiencias detectadas en el trato y comportamiento de algunos contratistas, comprometiéndose la empresa a reforzar el cumplimiento de su código de ética y tomar medidas correctivas.