POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Un informe de control específico de la Contraloría General de la República publicado en el mes de marzo, vuelve a tomar notoriedad, puesto que involucra a un funcionario que hoy aspira a administrar los recursos económicos de la Municipalidad Provincial de Ilo.
El abogado ileño Larry Ormeño Cabrera, en entrevista con La Prensa Regional y con documentos entre sus manos, cuestionó la posibilidad de que un candidato que fue hallado en éste informe como presunto responsable civil y administrativamente en hechos irregulares, pretenda ahora administrar la ciudad.
Se trata del Control Específico N° 100-2021-2-0251-SCE, donde se encontró responsabilidad en cuatro funcionarios, como Humberto Jesús Tapia Garay, actual candidato a la alcaldía provincial de Ilo por el partido Somos Perú y que se desempeña como jefe de División Planeamiento y Calidad de la Red Asistencial Moquegua. Además, la Contraloría señaló al subgerente de Adquisiciones Luis Miguel Martín Cassano Muñante, el jefe de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Moquegua Marco Antonio Chujutalli Malpartida y al técnico de mantenimiento de la Unidad de Adquisiciones Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Moquegua en Hospital Ilo Pedro Antonio Pineda Choquecota.
Específicamente por favorecer y permitir pagar a un proveedor más de 3 millones de soles, donde los funcionarios habrían firmado la conformidad y dieron el “visto bueno” de un servicio, cuando dicho proveedor había incumplido con los términos contractuales.
Este hecho generó un perjuicio a EsSalud y principalmente a la población asegurada, lo que provoca indignación, es que no tuvieron la más mínima consideración y sensibilidad, porque el mal servicio prestado e incumplido por el proveedor favorecido era por el alquiler de la infraestructura del Hospital Temporal de EsSalud que se instaló el año 2020 en Villa del Mar – Ilo, para la atención urgente de los pacientes con Covid 19, donde muchos ciudadanos murieron con la pandemia.
LO QUE INFORMÓ LA CONTRALORÍA
Cabe señalar que Contraloría General emitió un comunicado de prensa donde daba a conocer las irregularidades en el alquiler de infraestructura hospitalaria temporal para pacientes con Covid-19 en la ciudad de Ilo. El proveedor del servicio, incumplió con los términos de referencia y el plazo de instalación; pese a ello, funcionarios y servidores de EsSalud otorgaron conformidad y no aplicaron penalidad por demora en su implementación.
Durante la primera ola de la pandemia, en julio de 2020, la Red Asistencial Moquegua requirió la contratación de un hospital temporal para la atención de pacientes del Hospital II Integrado de Ilo. Este servicio se adjudicó a la empresa Soluciones Estructurales SAC por un monto contractual de S/ 3 112 607.73 y un plazo de ejecución de 115 días calendarios (15 días para la instalación y 90 días el alquiler). El recinto se instaló en la Urb. Villa del Mar.
El Informe de Control Específico N° 100-2021-2-0251(Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020) evidenció que el contratista no cumplió con las características mínimas del servicio que fue solicitado, incumpliendo los términos de referencia referidos a la ventilación, iluminación general, paneles divisorios y servicios higiénicos del recinto denominado Villa EsSalud Ilo u Hospital Blanco.
Por ejemplo, se encontró que se colocaron menos paneles divisorios que lo señalado en el acta de entrega de la infraestructura temporal. No se instalaron 120 metros lineales de paneles. Además, se colocó paneles de menor tamaño. Es decir, debieron ser de 2.50 metros de altura; pero se colocaron de 1.20 metros.
Asimismo, se evidenció la implementación incorrecta de los equipos de climatización (extractores de aire) y el proveedor solo instaló dos baños, cuando como mínimo debieron ser cuatro, según los términos de referencia. También se observó que se colocaron 24 artefactos de iluminación, cuando debieron ser 30.
Debido a que se incumplió con el plazo de 15 días para la instalación, la administración de la entidad debió aplicar penalidad al contratista; pero no lo hicieron y dieron conformidad al servicio, ocasionando un perjuicio económico de S/ 311 260.77; por lo que se halló presunta responsabilidad civil y administrativa en cuatro funcionarios de EsSalud.
