POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Este miércoles 8 de enero, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la primera audiencia de juicio contra la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, quien enfrenta acusaciones por el presunto delito de falsa declaración en un proceso administrativo. El proceso será realizado de manera virtual mediante la plataforma Google Meet y estará presidido por el juez Luis Antonio Talavera Herrera, del Tercer Juzgado Unipersonal de Moquegua.
ESTRATEGIAS DILATORIAS PREVIAS
Esta audiencia marca el inicio formal del juicio, ya que la sesión anterior fue suspendida tras una solicitud de la defensa de la acusada, quien presentó un descanso médico alegando problemas de salud. Sin embargo, dicha estrategia ha sido cuestionada, pues durante el supuesto reposo, Gutiérrez continuó realizando actividades políticas con normalidad, lo que genera críticas por un posible intento de dilatar el proceso.
Al tratarse de la apertura del juicio, la gobernadora está obligada a asistir a la audiencia virtual. Se estima que el caso podría resolverse en primera instancia tras tres sesiones.
ACUSACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CASO
La denuncia, presentada por el fiscal Roberto Miguel Giraldo Cadillo del Tercer Despacho Penal Corporativo de Moquegua, señala que Gilia Gutiérrez habría incurrido en una declaración falsa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el expediente 00673-2024-69-2801-JR-PE-03, la gobernadora omitió en su declaración jurada la posesión de cinco inmuebles ubicados en el valle de Omate, Moquegua, a pesar de que estos estaban registrados a su nombre en los Registros Públicos.
Detalles de los predios omitidos:
Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N° 05046630).
Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N° 05046633).
Predio rural en La Joya-El Olivar (Partida Registral N° 05048057).
Predio rural en La Joya-Santa Rosa (Partida Registral N° 05067101).
Predio rural en Omate-La Cata (Partida Registral N° 11012105).
Según la acusación del Ministerio Público, esta omisión vulnera el principio de transparencia y veracidad en los procesos electorales, configurando el delito tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Este delito, referido a la falsa declaración en procedimientos administrativos, contempla penas de uno a cuatro años de prisión.
