POR: JULIO C. FARFÁN VALVERDE
La persistente negativa del Hospital Regional de Moquegua a cumplir una sentencia firme del Poder Judicial ha motivado que el gerente general de ECOTAMBO PERÚ E.I.R.L., Wilbert Cisneros Tejeira, remita una última carta notarial de requerimiento de pago, fechada el 03 y notificada al Hospital Regional de Moquegua el 05 de diciembre de 2025. En ella exige el cumplimiento inmediato del fallo y advierte que, de mantenerse la omisión, iniciará acciones penales, administrativas y civiles contra los funcionarios responsables.
SENTENCIA FIRME Y DEUDA PENDIENTE
El Poder Judicial, mediante Sentencia N.º 164-2022-JCMN, declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero en el proceso Exp. 00463-2021-0-2801-JR-CI-01, ordenando al Hospital Regional de Moquegua pagar S/ 882,666.64, más costas y costos, por el servicio de limpieza hospitalaria prestado durante la etapa crítica de la pandemia. La resolución quedó consentida, sin apelación, adquiriendo calidad de cosa juzgada.
Pese a ello, a tres años de su emisión, el hospital únicamente ha realizado un pago parcial de S/ 146,363.00, autorizado mediante Resolución Administrativa N.º 589-2024-DIRESA-HRM/ADM, manteniéndose un saldo pendiente de S/ 736,363.64.
CARTA NOTARIAL: ÚLTIMO REQUERIMIENTO ANTES DE ACCIONES LEGALES
En el documento dirigido al director ejecutivo, Otto Oliveros Suárez Angles, el gerente de ECOTAMBO PERÚ precisa que el hospital fue formalmente requerido al pago total conforme a la Ley 27584, artículo 46, que la sentencia —al no haber sido apelada— es de cumplimiento obligatorio e inmediato, y que se ha informado reiteradamente a la institución y a sus directores sobre la obligación de pago.
Asimismo, recuerda que el propio hospital comunicó al Poder Judicial, a través del exdirector Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez, que se estaban realizando gestiones para cumplir con la deuda. Sin embargo, el incumplimiento persiste.
La carta notarial requiere formalmente que se efectúe el pago del saldo pendiente de S/ 736,363.64 y advierte que, de no atenderse este último requerimiento, se iniciarán acciones penales por omisión de funciones, desobediencia a mandato judicial y desacato; administrativas, por afectación al cumplimiento de obligaciones presupuestales; y civiles, mediante ejecución forzada de sentencia. El gerente advierte que el ejercicio presupuestal está por cerrar y que no existe justificación legal válida para mantener impaga la deuda.
TRANSFERENCIAS Y OMISIONES: CUATRO AÑOS DE UN PROBLEMA ARRASTRADO
La deuda se mantiene desde 2021, cuando Prensa Regional reveló que, pese a haberse prestado el servicio de limpieza hospitalaria durante más de dos años —incluyendo pandemia, áreas críticas, quirófanos, UCI y emergencias—, la dirección del hospital se negó a pagar.
Bajo el gobierno de Zenón Cuevas se omitió el pago pese a los reclamos médicos y se priorizaron transferencias del presupuesto hospitalario hacia la sede regional. Durante la gestión de Gilia Gutiérrez Ayala, lejos de corregirse el problema, la omisión continuó, aun cuando ya existía una sentencia judicial firme. En paralelo, se ejecutaron transferencias presupuestales millonarias por S/ 1.27 millones, S/ 2.76 millones, S/ 4.76 millones y S/ 500 mil, afectando servicios sensibles como Oncología, Hemodiálisis y contratación CAS, mientras la deuda judicial permanecía sin cancelarse.
POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA
La persistente omisión del Hospital Regional de Moquegua podría constituir desobediencia a la autoridad judicial; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales conforme al artículo 377 del Código Penal; perjuicio económico al Estado por no priorizar un pago ordenado por sentencia; e incumplimiento del artículo 46 de la Ley 27584, que obliga al pliego a ejecutar sentencias firmes.
La carta notarial establece expresamente que este es el último requerimiento antes de activar las acciones correspondientes contra los funcionarios que han impedido la ejecución del fallo.
AUTORIDADES QUE INCUMPLEN UNA SENTENCIA DE OBLIGATORIO ACATAMIENTO
A pesar de contar con una sentencia firme, recursos ejecutados y reiterados requerimientos judiciales y notariales, el pago continúa sin realizarse. Ello genera una pregunta inevitable para la opinión pública: ¿por qué el Hospital Regional de Moquegua y el Gobierno Regional, durante dos gestiones consecutivas, han mantenido en incumplimiento una sentencia firme, exponiendo a sus funcionarios a responsabilidades penales y comprometiendo la operatividad del sistema de salud regional?
La ciudadanía sigue a la espera de una explicación clara. Y la empresa proveedora, tras cuatro años de gestiones y una sentencia firme, aguarda que finalmente se cumpla la justicia.
