POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua, bajo la gestión de la directora Rosario Julia Pinto Velásquez, se encuentra nuevamente en el centro de un grave cuestionamiento por presuntas contrataciones direccionadas, encubrimiento administrativo y favorecimiento indebido a una empresa de reciente creación.
La Unidad de Investigación (UDI) del Diario Prensa Regional accedió a documentos oficiales, registros telefónicos y verificaciones formales que revelan un esquema que involucra de manera directa al hermano de la funcionaria, al consignar su número de celular en los documentos oficiales de la contratación, para las coordinaciones del servicio.
Las contrataciones irregulares y direccionadas se han vuelto una constante en el Gobierno Regional de Moquegua. Lo expuesto en este nuevo caso confirma un patrón que involucra a funcionarios de confianza, empresas recién constituidas y operadores ocultos vinculados a autoridades del entorno y de entera confianza de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala.
UNA EMPRESA “RECIÉN NACIDA” QUE ENTRA DIRECTO COMO PROVEEDOR DEL GORE
De acuerdo con la información de Registros Públicos, la empresa HU OVER E.I.R.L. fue constituida el 8 de septiembre de 2025. Su gerente titular figura como Juana Esther Escobedo Aspajo, una persona sin antecedentes conocidos en actividades logísticas o de producción de eventos. Sin embargo, en tiempo récord, esta empresa recién creada ya había sido favorecida con un contrato de servicios para la Dirección Regional de Trabajo.
La rapidez de su incorporación como proveedora del Estado, sin experiencia previa, sin historial de servicios similares y sin evidencia de capacidad logística, fue el primer indicio de que no se trataba de una operación común. La empresa parecía existir solo en el papel.
EL DOCUMENTO CLAVE: LA ORDEN DE SERVICIO QUE EXPONE A UN FAMILIAR DIRECTO
El caso se sustenta principalmente en la Orden de Servicio N.º 0012350, emitida el 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se contrata a HU OVER E.I.R.L. —apareciendo en el documento como HU OZER E.I.R.L.— para servicios de protocolo y logística en un evento institucional de la Dirección Regional de Trabajo.
La revisión de esta orden permitió identificar un dato revelador: el número de celular consignado como contacto del proveedor (980 732 8**) corresponde a Jhonatan Martín Pinto Velásquez, hermano de la directora Rosario Julia Pinto Velásquez. La Unidad de Investigación verificó la titularidad de la línea mediante OSIPTEL.
Además, el parentesco entre Rosario Julia y Jhonatan Martín fue verificado mediante la declaración jurada de intereses de la funcionaria y la información del Reniec, confirmándose que ambos son hermanos.
El proveedor formal es una persona ajena, pero el contacto operativo y directo es su hermano.
La empresa aparece con dueña nominal (Juana Esther Escobedo Aspajo), pero quien responde a la línea registrada por la empresa en la Orden de Servicio es un familiar en primer grado de la directora. Este hecho constituye un indicio directo de presunta contratación encubierta y favorecimiento indebido.
UN PATRÓN CLÁSICO DE EMPRESA FACHADA
El análisis integral del caso muestra elementos que coinciden con el funcionamiento de una estructura de empresa fachada. La titular formal no aparece en ningún registro operativo. No se ha encontrado evidencia de que brinde servicios logísticos ni que cuente con personal, equipos o experiencia previa. Su única participación documentada está en su aparición nominal en la partida registral.
El hecho de que el número de contacto sea el de Jhonatan Pinto Velásquez confirma que la empresa no era gestionada por su presunta dueña. Todo apunta a que fue constituida para permitir que un familiar de la directora acceda a contratos públicos sin aparecer como beneficiario.
Esto constituye un presunto conflicto de intereses directo y una vulneración expresa a la prohibición administrativa de contratar con familiares de funcionarios públicos. La modalidad detectada se asemeja a la utilizada en otros casos recientes dentro del Gobierno Regional, donde empleados de confianza de la gobernadora habrían utilizado prestanombres para posibilitar contrataciones indebidas.
SERVICIO INCUMPLIDO: UN ELEMENTO QUE REFUERZA LA SOSPECHA
Más allá del vínculo directo con el hermano de la directora, la verificación del servicio contratado reveló que no fue cumplido según lo estipulado en la Orden de Servicio para el reciente Encuentro Empresarial Omate 2025, organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua el 13 de noviembre en el Centro Cívico de la Municipalidad de Omate.
Las fotografías oficiales del evento, registradas por la misma Dirección Regional de Trabajo, contradicen la ejecución del servicio. No se instalaron las sillas con forro. No se colocó la alfombra roja. No hubo ecrán para proyecciones. Las anfitrionas y mozos comprometidos no estuvieron presentes. No se ofrecieron alimentos ni se entregaron los implementos incluidos en la contratación.
Las imágenes muestran un montaje improvisado que no guarda relación con los servicios contratados. Esto evidenciaría que la empresa no contaba con capacidad logística real. En los hechos, el servicio habría sido simulado o ejecutado de manera parcial e informal.
Esta deficiencia en la ejecución es un elemento clave que confirma que HU OVER E.I.R.L. no tenía la capacidad operativa necesaria y habría sido utilizada como vehículo para un contrato direccionado.
UNA DIRECTORA CUESTIONADA POR LA FISCALÍA
Julia Rosario Pinto Velásquez no es una funcionaria ajena a investigaciones. Actualmente es investigada por el Ministerio Público por presuntas inconsistencias en su hoja de vida y por documentación presentada como experiencia laboral al momento de su designación, hechos que podrían configurar Falsedad Genérica según el artículo 438 del Código Penal.
Este nuevo caso agrava su situación. La aparición del número de celular de su hermano en la orden de servicio, el presunto uso de testaferro y el favorecimiento de una empresa creada semanas antes del contrato la colocan nuevamente en el centro de un presunto esquema de direccionamiento.
RESPONSABILIDADES Y POSIBLES DELITOS
El caso reúne elementos que podrían configurar diversas responsabilidades administrativas y penales. La contratación de un familiar a través de una empresa fachada encaja en los supuestos de conflicto de intereses, negociación incompatible, colusión, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. La no ejecución del servicio agrava el perjuicio económico a la entidad.
La documentación revisada expone un esquema en el que se habría ocultado deliberadamente la participación de un familiar, aprovechando vacíos procedimentales y la ausencia de controles efectivos dentro del Gobierno Regional.
La Unidad de Investigación del Diario Prensa Regional considera que este caso requiere la intervención inmediata de la Contraloría General de la República mediante un Servicio de Control Específico que evalúe la contratación, la ejecución del servicio y la participación de la directora y su hermano.
Es necesario que el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Moquegua verifique la autenticidad del servicio, el cumplimiento de la orden y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Asimismo, corresponde que el Ministerio Público amplíe las investigaciones que ya mantiene abiertas sobre la directora Julia Pinto Velásquez.
Esta Unidad de Investigación seguirá procesando documentos, líneas telefónicas, registros internos y testimonios que permitan esclarecer plenamente este nuevo caso que afecta la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
