El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, Julio Cornejo Reinoso ha sido hallado presuntamente responsable penal al permitir el incremento de la remuneración de su gerente Municipal y del jefe de Recursos Humanos, generando un perjuicio económico a la comuna de 56 mil 500 soles entre enero de 2019 y diciembre de 2021.
Así se desprende del Informe de Control Específico N° 007-2023-2-0359-SCE que publicó la Contraloría General de República este 4 de julio y que alcanza penalmente también a otros tres funcionarios de la municipalidad en ese periodo: Leydi Elizabeth de la Cruz Mayta, secretaria General; David Roberto Tassara Hareth, gerente de Asesoría Jurídica y Juan Arturo Guzmán Ochoa, jefe de la Unidad de Recursos Humanos. En tanto a Antonio Nicolás Rodríguez Ramos, gerente Municipal, se le halló presunta responsabilidad administrativa.
LOS INCREMENTOS
Según el informe del órgano de control los funcionarios (incluido el ex alcalde) a través de la emisión de informes legales y documentos autoritativos permitieron que se incrementara la remuneración al gerente Municipal de enero 2019 a setiembre de 2020, en el monto de mil 300 soles mensuales, y de octubre 2020 a diciembre 2021 en el monto 500 soles adicionales; así también, incrementaron la remuneración del jefe de la Unidad de Recursos Humanos contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), en el monto adicional de 400 soles.
Esto, explica la Contraloría, transgredió lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 2020 y 2021, vulnerando además lo establecido en la Ley del Servicio Civil.
Si bien los implicados presentaron sus comentarios o aclaraciones en algunos casos documentados; David Roberto Tassara Hareth y Antonio Nicolás Rodríguez Ramos no lo hicieron, a su vez, Julio Cornejo Reynoso, Leydi Elizabeth de la Cruz Mayta presentaron de manera extemporánea sus comentarios.
INICIO DE ACCIONES PENALES
La Contraloría ha enviado el informe a la actual gestión municipal de Abel Suarez para que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan de los implicados. Asimismo, ha encargado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales del caso.
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